El Gobierno del PSOE planea cobrar en breve peajes en todas las autopistas y también en autovías

Cuando todavía no se han cumplido ni dos años desde la liberalización de la autopista AP-7 que permite recorrer de norte a sur la mayor parte del litoral mediterráneo, el debate sobre la aplicación de peajes vuelve a estar sobre la mesa. El Gobierno planea ahora extender las tasas por circulación a todas las autovías y autopistas de España, y parece que lo hará sin distinción.

El proyecto, incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado a la Comisión Europea, forma parte de un paquete de medidas destinadas al sostenimiento de las arcas públicas que, en este caso, lo que pretende es financiar los costes asociados a la conservación de la infraestructura viaria, habida cuenta de que acumula un déficit de inversión que ya se aproxima a los 8.000 millones de euros.

Según datos de la Asociación Española de la Carretera (AEC), hasta 2019 el déficit de conservación de la red superaba los 7.400 millones de euros, con Aragón y La Rioja a la cabeza de las comunidades más abandonadas. Y las necesidades de financiación se acrecientan si a esto se le suman las restricciones presupuestarias para el mantenimiento de carreteras y el vencimiento de los contratos de concesión de algunas de las autopistas de peaje. Sin empresas que asuman el mantenimiento y la gestión, el Estado debe hacer frente a ese coste, una factura que Seopan, la patronal de las grandes constructoras, calcula que implicará un aumento permanente del déficit público anual de 478 millones.

Un peaje en España.

Cabe señalar que, en España, la mayoría de autopistas y autovías son de libre circulación. El total exento de tasas en nuestro país es de alrededor de 17.228 kilómetros, unos datos que nos convierten en el primer país de Europa y tercero del mundo por número de kilómetros. La comparación es llamativa. Veintitrés estados de la Unión Europea tienen todas sus vías de gran volumen gravadas con un peaje, Italia el 86 por ciento y Francia el 78 por ciento. Chipre, Estonia, Islandia, Liechtenstein, Malta y Montenegro son los únicos sin peajes.

Aunque hasta el momento se desconoce de qué forma se llevaría a cabo, a partir de cuándo y cuál sería la tarifa, lo que está claro es que todos los conductores que usen vías de alta capacidad tendrían que pagar una tasa para usarlas, tanto españoles como extranjeros. La patronal del sector propone un peaje cuya tarifa media oscilaría entre los tres y los cinco céntimos por cada kilómetro recorrido, lo que supondría que un viaje de 100 kilómetros por autovía se encarecería entre tres y cinco euros. Además, se baraja que sea libre su uso para transportistas, autobuses o personas que tengan que circular por estas para llegar a sus trabajos habituales.

No obstante, desde la Asociación Técnica de Carreteras (ATC) van un paso más allá y piden extender el sistema de pago por uso de la vía incluso a carreteras convencionales. El motivo que esgrimen es el de evitar el trasvase excesivo de tráfico una vez entrase en vigor el sistema de pago que contempla el Ejecutivo.

Con estas tarifas y la concesión durante un periodo de 25 años se obtendrían hasta 104.000 millones de pago inicial del sector privado, 4.698 millones al año de ingresos públicos por recaudación de impuestos y 850 millones anuales de ahorro de gasto público en conservación.