29 de marzo de 2024
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FIN DE SEMANA

El mandatario Alberto Fernández ha denunciado los contratos de autopistas que fueron adjudicados a filiales de ACS, empresa del presidente del Madrid

El Gobierno de Argentina anula los negocios de Florentino Pérez a la sombra del expresidente Mauricio Macri

/ Florentino Pérez
Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, no pasa por su mejor momento de popularidad en Argentina después de que el Gobierno de Alberto Fernández haya anulado los contratos de autopistas que beneficiaron a las filiales de su empresa ACS bajo el mandato del expresidente Mauricio Macri. De esta manera ve comprometido un negocio de alrededor de 500 millones de dólares.

"Creo que eres la persona adecuada, porque amas el fútbol y no tengo ninguna duda de que tu contribución en esta nueva responsabilidad será magnífica para el mundo del deporte del balompié". Con estas palabras saludaba Florentino Pérez el nombramiento de Mauricio Macri como presidente de la Fundación FIFA en enero de 2020.

El expresidente de Boca Juniors acababa de perder la presidencia de Argentina en unas elecciones generales que ganó el candidato del Partido Nacionalista Constitucional-UNIR Alberto Fernández, que prometió al tomar posesión del cargo la decisión de revisar algunos de los contratos con los que el Ejecutivo de su antecesor habría beneficiado a algunas grandes fortunas. 

A nadie del sector político de Argentina se le escapaba la sintonía entre Florentino Pérez y Mauricio Macri, que, según indican fuentes solventes a elcierredigital.com, realizó "unas polémicas adjudicaciones de autopistas a finales del año de 2018, tan solo unos días antes de que el Real Madrid se ofreciera a acoger el partido de fútbol entre el Boca Juniors-River Plate de la final de la Copa Libertadores que se había tenido que suspender hasta dos veces por graves disturbios en la ciudad de Buenos Aires". 

Contratos

"Los contratos que se firmaron y homologaron a través de dos decretos en 2018, fueron claramente desventajosos para el Estado nacional, particularmente para los usuarios de las autopistas", asegura en una nota el Gobierno de Alberto Fernández en relación a dos empresas vinculadas con ACS, Ausol S.A. y GCO S.A, a las que se les permitía cobrar los peajes en dólares en lugar de en pesos argentinos.

Alberto Fernández y su ministro Gabriel Katopodis han anunciado públicamente que acudirán a los Tribunales para tumbar las citadas adjudicaciones, por valor de 500 millones de dólares, de los accesos Norte y Oeste a la ciudad de Buenos Aires firmados por el expresidente peronista Mauricio Macri con la empresa  Abertis, controlada al 50% por el buque insignia de Florentino Pérez.

Alberto

Alberto Fernández (izda) y su ministro Gabriel Katopodis. 

"Hemos identificado que en toda esta operación hubo funcionarios de los dos lados del mostrador: funcionarios que ejercían cargos gerenciales en las empresa, que después tuvieron cargos jerárquicos muy importantes en la dirección de Vialidad Nacional y que después volvieron a esas empresas. Cumplieron las instrucciones que desde sus antiguos empleadores les iban determinando", ha asegurado el ministro argentino Katopodis. 

El otro lío de Florentino: el Castor

Por otro lado, el almacén gasístico subterráneo Castor sigue generando problemas al Gobierno de España cinco años después de cerrar. El bloque socialista dentro del Ejecutivo de Pedro Sánchez  con Unidas-Podemos se niega a desmantelarlo y ha visto con satisfacción que el polémico asunto no se debata en el Congreso de los Diputados por los votos contrarios sumados de PSOE, PP y Vox. 

El Gobierno de España tuvo que indemizar en su día con 1.350 millones de euros a los impulsores del Castor por el hecho de cerrarlo. Florentino Pérez y sus socios ganaron en los Tribunales "y se han desentendido de algunas exigencias", según denuncian activistas medioambientales a elcierredigital.com

Una de las denuncias la ha realizado el geólogo navarro Antonio Aretxabala que recuerda que este almacén gasístico sumergido frente a Tarragona, que provocó centenares de seísmos, "sigue pendiente de su desmantelamiento definitivo sin un plan concreto del Gobierno español".

Aretxabala también ha denunciado que "los tapones que deben sellar de forma segura el almacén de gas Castor llevan ya casi dos años caducados y el Gobierno español sigue sin cambiarlos" y asegura que "esta dejadez estatal puede provocar nuevos problemas medioambientales". 

Hoy en día el almacén gasístico sigue estando en el centro de la polémica tras la decisisón de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón de absolver el pasado año a dos directivos de Escal UGS acusados de supuestas responsabilidades en los más de 500 terremotos que se produjeron frente a las costas de Castellón, por las inyecciones de gas en la plataforma Castor. 

El Tribunal absolvió a los acusados Recaredo del Potro Gómez, José Luis Martínez Dalmau y a la mercantil Escal UGS SL, de un  delito contra el medio ambiente y contra los recursos naturales del que habían sido acusados.

 

Sin depurar responsabilidades

Aretxabala, que es profesor de la Universidad de Navarra, recuerda que varios grupos políticos dentro del Congreso de los Diputados registraron una solicitud para que la Cámara Baja depurara responsabilidades por el fallido proyecto de gas Castor que podría costar finalmente a la ciudadanía más de 4.700 millones de euros, bien por vía factura de la luz y del gas. 

Los movimientos ecologistas denuncian la postura de PSOE y PP. Y se preguntan: "¿Qué miedo tiene estas organizaciones?". Según estos movimientos, "este tipo de actitudes están a la orden del día. Nos preocupan mucho las consecuencias sociales y, a la larga, posiblemente territoriales que con semejantes actuaciones dañen a un medio inestable y en declive energético, ya casi irreversible e innegociable", añade Antonio Aretxabala

Según el geólogo navarro, "el declive energético mundial y por tanto, de España, ya ha comenzado y el desenlace final de sectores económicos clave en colapso por desmembración del tejido energético y social es inevitable si no se acompaña de una verdadera cohesión (el pegamento) en una transición justa". 

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