Los empresarios españoles de Proibérica S.A., retenidos en Paraguay por una venganza política, exculpados del caso

Hay una frase popular que dice que el tiempo al final pone cada cosa en su sitio. Y aunque el tiempo de espera sea duro y tortuoso merece la pena soportarlo si el final es satisfactorio, como es el caso de Álvaro Lasso y Guillermo Casado, dos empresarios y socios de Proibérica S.A.

Proibérica S.A es una empresa que se encarga de la distribución de material policial, fabricado en España, a varias entidades destinadas a la seguridad de Paraguay. Durante años la empresa ha colaborado con el sustento de material para aeronaves de transporte de la Fuerza Aérea Paraguaya y del Ministerio del Interior. Lo que le hacía estar muy asentada en el país sudamericano. Es más contaba con un gran reconocimiento entre las altas esferas del país y entre los propios empresarios locales.

Pero esta buena aceptación social, fruto del esfuerzo de varios años trabajando, un día se desplomó a raíz de que se urdiera un plan contra ellos, en que estaba movido por una venganza política y los intereses que tenían en este proyecto un diario guaraní y otra empresa del sector. Así se pudo saber años después con el esclarecimiento del caso.

Álvaro Lasso y Guillermo Casado, socios de Proibérica S.A.

El plan consistió en empañar la licitación pública de cuatro helicópteros tácticos de transporte policial UH-1H y la creación de un Centro de Mantenimiento Aeronáutico por parte del Ministerio del Interior paraguayo a la empresa que dirige Álvaro Lasso.

En este caso acabaron imputados el ex Ministro del Interior, Rafael Filizzola y su primo Carlos Filizzola y los dos empresarios españoles Guillermo Casado y Álvaro Lasso. Llegaron a ser encausados diez personas por lo que consideraron la compra irregular de los helicópteros.

Además se les acusó de ocasionar perjuicio patrimonial por cerca de 12 millones de dólares que supuso la operación. El mismo presidente del Gobierno guaraní de aquel momento, Fernando Lugo, calificó la imputación de “golpe de Estado" de la oposición.

El documento que causó la imputación

Para justificar la imputación la Fiscalía se basó en un documento repleto de datos falsos, así lo reconoció después la propia Fiscalía. El abogado de los acusados españoles, Juan Ernesto Villamayor, narró en el libro Helicópteros que la Fiscalía para validar la decisión de la imputación se respaldó en “un documento falso suministrado por el Ministerio del Interior". En este documento se aseguraba que Proibérica había incumplido términos del contrato. Principalmente se le acusó de no haber “cumplido estrictamente las especificaciones técnicas ofrecidas”.

Por el pliego al que se aludía se podía testificar que el documento era falso. Aún así, con sorpresa la Fiscalía General del Estado sostuvo que la imputación se mantenía, y que no tenía relevancia que el documento en cuestión fuera verdadero o falso”.

La propia fiscal Victoria Acuña, quien fue la encargada de llevar el caso, afirmó en rueda de prensa haber podido “verificar” que Proibérica “no cumplió con los requisitos” de la licitación.

“El más significativo que podemos mencionar es que no ha presentado ninguna documentación que le acredite como representante del fabricante de los helicópteros”, dijo la fiscal, según la cual éste no autorizó la venta de los aparatos. “No se le debió dar la compra de los helicópteros a esa empresa”, mantuvo Acuña.

Exculpados del caso

Todo este proceso les ocasionó a los empresarios estar retenidos en el país durante tres años. Sin poder salir ni poder tener contacto con su familia. Un trato bastante duro y vejatorio para unas personas que actualmente han sido sobreseídas del caso. Así lo dictaminó el pasado 16 de julio de 2020 la jueza del Juzgado Penal de Garantías número 1, Clara Ruiz Díaz.

“Nosotros nunca declaramos. Nosotros nunca pudimos defendernos. A nosotros nunca nos llamaron para declarar.”, declara el director de Proibérica S.A., Álvaro Lasso.  Esto ha sido uno de los motivos por los que hemos conseguido la absolución.”, afirma Lasso para elcierredigital.com.

A parte se le añade que La Corte Suprema de Justicia , como se puede apreciar en las sentencia 144 y 248 en fecha 30 de diciembre del 2019, declaró la nulidad del Acta de acusación del 23 de mayo del 2014.  Lo que hizo más proclive a favorecer el sobreseimiento.

Uno de los helicópteros que la empresa suministró al Ministerio de Justicia.

“Fue muy duro lo que llegamos a vivir allí. No pude ver a mis hijas en tres años. Padecimos un grave problema moral y económico. Hemos perdido una gran cantidad de ingreso de dinero mi socio Guillermo y yo.”, recuerda emocionado el director de Proibérica S.A.

“Una de las peores cosas fue someterse al estigma social. Perdimos muchos apoyos y muchos contratos. Igualmente, buscas en Internet mi nombre y solo aparece este percance. Y te lastra para siempre. Ahora que hemos conseguido el sobreseimiento no se informa de ello.”, cuenta el empresario Álvaro Lasso.

Un embajador que hizo caso omiso

Uno de los mayores obstáculos con los que tuvieron que lidiar los empresarios españoles fue la falta de acción del embajador de España en Paraguay en aquel momento, Diego Bermejo Romero. Que ostentaba un cargo por el que se retribuía sobre 21.000 euros netos anuales. Asimismo, se le incluía todos los gastos.

Diego Bermejo Romero, embajador de España en Uruguay durante el caso.

“El embajador de quitó completamente del medio de esta historia. No movió ni un dedo por nosotros. Seguramente si hubiéramos sido responsables de una empresa de renombre o una empresa multinacional, hubiéramos tenido otro trato.”, lamenta Lasso.

“Me da pena que los españoles invirtamos dinero en unos representantes que a la hora de velar por nuestra protección, no quieran saber nada. Es más a veces se sentaba con nosotros en la misma mesa. Es algo completamente indignante.”, manifiesta el director de Proibérica S.A.

La intervención de Baltasar Garzón

Incluso el ex magistrado Baltasar Garzón tuvo que intermediar en la causa. Garzón viajó a Asunción para reunirse con las autoridades judiciales del país.

En el escrito en el que el ex juez entregó a la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, firmado en calidad de "amicus curiae", consideró alarmante la causa de Guillermo Casado y Álvaro Lasso. Ni estimó que fuera suficiente la argumentación de su imputación, sostenida en un pliego de condiciones que es diferente al que publicó el Gobierno cuando Proiberica concursó para obtener la adjudicación de venta de cuatro helicópteros.

Además Baltasar Garzón remarcó en el documento que la autenticidad del pliego en el que se basa la Fiscalía “está severamente cuestionada”.

Lo más importante de esta historia es su final. Pese a que pasaron por un calvario, a ambos empresarios les queda el dulce sabor de la satisfacción de demostrar su inocencia. “Ya solo queda en mi recuerdo que todo ha pasado.”, manifiesta con orgullo Álvaro Lasso.