El salto de los políticos al sector privado ante la pasividad de la Oficina de Conflictos de Intereses

Un expresidente del Gobierno que se convierte en asesor externo de Endesa, un exconsejero de Sanidad que ficha por un hospital privatizado bajo su mandato y un empresario de la industria armamentística que acaba sentándose en el Consejo de Ministros como titular de Defensa. Como estos existen numerosos casos conocidos por la expresión de 'las puertas giratorias', reabriéndose el debate a raíz del nuevo puesto del socialista Antonio Miguel Carmona como vicepresidente de Iberdrola España.

Durante años, personajes de la política española con cargos públicos han dado el salto a los órganos de administración o consultivos de diferentes compañías en sectores como la sanidad, la consultoría, la construcción, la energía o las finanzas, siendo estos dos últimos grupos los más frecuentes.

Concretamente, los del sector eléctrico han sido de los más sonados al ser ocupados por nombres de hasta 60 políticos conocidos. Este escenario, repetido continuamente, hace reflexionar sobre si las empresas privadas contratan a estos cargos públicos por sus méritos profesionales o por el contrario, es una forma de influir en sus compañeros de partido. 

Como consecuencia de tantos años de intercambio de personal entre el poder político y las grandes energéticas, cabe relacionar las puertas giratorias con situaciones como la subida del precio de la luz a máximos históricos y el inmediato plan de choque del Gobierno, el mismo día que las empresas eléctricas protestaban contra ello con amenazas de cierre de las centrales nucleares en España. 

La Oficina de Conflictos de Intereses es la encargada de regular las incompatibilidades de los miembros del Gobierno y de los altos cargos del Estado. Sin embargo, el organismo encargado de fiscalizar las puertas giratorias no es independiente del Ejecutivo ya que forma parte del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, y tampoco rinde cuentas directamente al Parlamento.

Conflicto de intereses

A pesar de que la Oficina de Conflicto de Intereses (OIC) es un órgano con autonomía propia que regula las incompatibilidades legales de los altos cargos y el resto del personal de la Administración, pende directamente del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, lo que hace que esté atado al Ejecutivo.

El Tribunal de Cuentas ha avisado en varias ocasiones de “deficiencias” en su funcionamiento. Señala, además, que no cuenta con un manual de procedimientos que pueda servirle de guía para el "desarrollo sistemático, eficaz y eficiente" de las tareas que tiene legalmente encomendadas. Las "deficiencias" referidas describen las declaraciones de actividades que los altos cargos deben presentar cuando toman cargo y cuando desisten. En los 39 ceses producidos entre 2017 y 2019 en los organismos reguladores o de supervisión analizados, en cuatro supuestos no consta que la persona cesada haya presentado la relación de actividades que va a iniciar ni que la Oficina la haya requerido. Además, existen otros tres casos en que las declaraciones fueron presentadas fuera de los tres meses legales. 

Tribunal de Cuentas.

“Los preceptivos informes remitidos al Gobierno acerca del cumplimiento por los altos cargos de las obligaciones de declarar presentan insuficiencias de información, de forma que no pueden cumplir adecuadamente con la finalidad, establecida legalmente, de permitir la obtención de conclusiones”, ha subrayado el Tribunal de Cuentas. También ha destacado que, desde su creación en 2006, el ente apenas ha resuelto casos de incompatibilidad de cargos que van del sector público al privado.