La UDYCO investiga un informe sobre el contrato de 77 millones de euros de la televisión pública de Murcia

La televisión pública murciana sacó a licitación  el pasado 17 de marzo el contrato de 7TV Región de Murcia por un importe máximo de 15,5 millones de euros anuales durante los próximos cinco años (77,5 millones de euros).  El actual contrato finaliza el 30 de abril.

El caso de esta adjudicación durante los próximos cinco años puede estallarle al ahora gobierno de Fernando López Miras, presidente de la Comunidad Autónoma de la  Región de Murcia (CARM), ya que tras la crisis sanitaria tendrá que decidir a quien le otorga el concurso y quizás luego se encuentre el Gobierno murciano con que la Policía decida acudir a la Justicia al entender que las afirmaciones recogidas en el citado informe apuntan indicios de delito.

Dos consorcios se han posicionado hace meses para optar al nuevo concurso: La actual empresa concesionaria, que es la productora Secuoya y aspira a continuar con el servicio que presta desde 2015 gracias a una concesión anterior, aunque ahora acude al concurso a través de su filial Central Broadcaster Media (CMB) y por otro lado, el segundo candidato es TCero Estudios, una alianza formada por empresarios murcianos y la productora Mediapro, cuyo administrador es Jaume Roures.

Fernando López Miras, presidente de la Comunidad Autónoma Región  de Murcia.

La empresa adjudicataria se tendrá que encargar de la producción de programas, la adquisición de derechos o la comercialización de la publicidad, entre otras tareas. Además de gestionar los dos canales de la televisión pública murciana -7 TV- (tanto en SD como en HD), la empresa elegida también se ocupará que mantener dos canales en streaming, un portal web, un portal HbbTV, aplicaciones móviles, un canal de YouTube y las redes sociales de la cadena.

Para seleccionar a la empresa privada que gestione la televisión pública, la Región de Murcia tendrá en cuenta aspectos técnicos que se valorarán mediante un juicio de valor y que pesarán el 49% de la decisión. Aquí entran en juego criterios relacionados con la programación, la estructura organizativa, la viabilidad económica o las instalaciones y medios técnicos propuestos. El porcentaje restante de puntos (un 51%) se otorgarán de forma automática -mediante fórmula matemática- en función del importe presupuestado para la compensación por la prestación de servicio público, el impulso al desarrollo del sector audiovisual regional o la accesibilidad. Esa es la teoría.

Pero en la práctica una de las dos empresas que optan al concurso ya sabe que será la adjudicataria, según el informe manejado por la Udyco y que obra en poder de elcierredigital.com. Entre las supuestas irregularidades se menciona  que el expediente, sin causa justificada, fue declarado de urgencia, de manera que los plazos quedaron reducidos a la mitad de manera que puede beneficiar o perjudicar a unos u otros.

Una imagen del control de la televisión de Murcia.

Estas dos empresas que optan ahora -Secuoya y Mediapro-, más otras dos -GTM y Videoreport- fueron las que se presentaron al concurso de 2015, que finalmente ganó Secuoya. Pero no sin polémica, ya que Mediapro impugnó después la adjudicación tras ofrecer la propuesta más barata. Pero su recurso fue desestimado el 13 de marzo de 2015.

Miguel Ángel Rodríguez Bajó, secretario de Estado de Comunicación durante el gobierno de José María Aznar, fue consejero del grupo Secuoya durante el período comprendido entre el 22 de septiembre de 2011 y el 8 de septiembre de 2014, en concreto. Fernando López Miras es un abogado, que es presidente de la Región de Murcia desde 2017 y presidente del Partido Popular en esta región desde 2018.

Relaciones que estudia la Udyco

Ahora el informe que estudia la Udyco apunta directamente a la intervención concreta de una especialista funcionaria de la Región de Murcia que habría trabajado en el pasado para una de las empresas relacionada de manera clara con otra de las que optan a esta nueva licitación.

Se refiere a la firma del estudio de viabilidad de este concurso, realizado por la firma PriceWaterhouse Coopers y firmado por esta técnico de la Comunidad Autónoma el 7 de mayo de 2019. Pero no sería hasta el 3 de marzo cuando se declara la licitación del concurso como de urgencia, 10 meses después, sabiendo que el 30 de abril acaba el anterior. ¿Por qué se dejó pasar tanto tiempo? Nadie sabe dar una respuesta coherente. El informe dice que "han dejado correr el tiempo, de forma deliberada, para así poder declararlo de urgencia". El papel de los técnicos, funcionarios de la Comunidad murciana, es importante porque supondrán el 49 por ciento de la adjudicación.

Este documento, elaborado por un especialista en este tipo de informes especiales, se titula "Sobre el contrato de la gestión indirecta del servicio público de comunicación audiovisual televisiva de la comunidad autónoma de la región de Murcia (2020-2025)" y aporta información de registro mercantil, así como boletines oficiales de la Comunidad Autónoma de Murcia, fotografías de personas y contratos mercantiles privados entre entidades.

Continuando con los plazos de tramitación del expediente sería el 6 de marzo cuando los dos técnicos responsables del contrato presentan la memoría justificativa. Tres semanas después, el 27 de marzo, se aprueban los pliegos aunque se suspende la licitación al haberse declarado en España el Estado de Alarma por la pandemia del COVID-19. La patata caliente está ahora en el tejado de Fernando López Miras.