23 de mayo de 2022
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FIN DE SEMANA

Los efectos de la subida del SMI y la reforma laboral han servido para proyectar el liderazgo de este sindicalista de la izquierda española

Así es Unai Sordo, el activista vasco cada vez más fuerte al frente de CCOO

/ Unai Sordo
Unai Sordo, activista vasco de 49 años, renovó en octubre del pasado año su liderazgo al frente de Comisiones Obreras, cuya militancia aplaude sus conquistas en complicidad con el Gobierno a la hora de subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o de aprobar la reforma laboral.

"Si estamos saliendo de esta situación (la pandemia) es gracias a la abnegación de la gente corriente, que está lejos del narcisismo idiota con el que se quiere caracterizar a la sociedad". Esta fue una de las frases pronunciadas por Unai Sordo en el XII Congreso de Comisiones Obreras (CCOO) que le confirmó en la secretaría general del primer sindicato español por número de delegados.

El sindicalista vasco de 49 años se está granjeado muchas simpatías en la militancia de CCOO por su capacidad para lograr conquistas junto al Gobierno de España, que acaba de convalidar la reforma laboral y ha prometido una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Unai Sordo

Sordo nació en el seno de una humilde familia de Valladolid que se instaló en Barakaldo (Vizcaya). El activista se diplomó en Graduado Social, trabajó en el sector maderero y fue secretario de Juventud y líder de CCOO en la provincia vasca antes de convertirse, con solo 26 años, en secretario general de Euskadi en 2009.

Al frente de CCOO en el País Vasco estuvo durante 8 años y su labor no pasó desapercibida porque en 2017 fue el elegido para relevar a Ignacio Fernández Toxo al frente del segundo sindicato español con más afiliados, por detrás de UGT, y el primero en número de delegados.

Conquistas

El secretario general de CCOO ha aplaudido la promesa del Gobierno de subir el SMI hasta los 1.000 euros: "Afectará a más de 1.800.000 personas. Beneficiaria tipo: mujer, menor de 34 años, con contrato temporal y del sector agrícola o servicios".

"Damos un paso más en la mejora de las condiciones laborales de las personas más precarias y más vulnerables", asegura. Y ha cargado contra la CEOE por no apoyar el pacto: "Es incomprensible que las organizaciones empresariales no avalen una subida del SMI que ya tendría que cubrir a la inmensa mayoría de los trabajadores. Las organizaciones se han mostrado insumisas a las recomendaciones que firmaron y suscribieron en la sede del Consejo Económico y Social (CES)".

"Este acuerdo salarial entre los sindicatos y el Gobierno es una muestra evidente de la obcecación que estamos teniendo las organizaciones sindicales con que la orientación del diálogo social y las medidas que estamos pactando estén dirigidas a mejorar la vida del precariado y de la gente que peor está, en contra del tópico y típico de que lo que hacemos tiene que ver con el núcleo duro de nuestra afiliación", asegura.

"Hito"

Sordo, en un artículo firmado en Público, asegura que "el acuerdo alcanzado entre el Gobierno, sindicatos y organizaciones empresariales sobre legislación laboral supone un hito sin apenas precedentes en nuestro país. Lo es porque es el primer acuerdo en décadas que –teniendo la profundidad que tiene este– supone una nítida mejora de derechos laborales para la clase trabajadora".

Unai Sordo. 

"El acuerdo se sitúa en la lógica diametralmente opuesta a las tendencias de las últimas reformas laborales y, además, se hace por consenso tripartito. Este dato es de especial relevancia en un momento en el que se van a desplegar todos los efectos de los fondos de recuperación europeos, que deben ser claves para la transformación de nuestro tejido productivo", explica.

El sindicalista opina que "con particular ambición se aborda la gran patología de nuestro modelo laboral: la temporalidad. El acuerdo recoge una profunda modificación de los contratos vigentes, con la eliminación del contrato de obra o servicio, que podía tener hasta cuatro años de duración, y su sustitución por un contrato de seis meses ampliable a doce; desvincula la utilización de una contrata como causa para un contrato temporal; recoge un contrato eventual como mucho de 90 días por trabajador y año, pese a la enorme presión de las patronales agrarias para ampliar ese tope y promueve el contrato fijo-discontinuo como alternativa a esos contratos de temporada tan habituales. Además, penaliza firmemente la contratación fraudulenta, encarece la de corta duración, fortalece la inspección de trabajo y, sobre todo, regula los ERTE y un nuevo mecanismo análogo como alternativa a los despidos".

Y recuerda que "incrementar el número de contratos indefinidos, la duración media de los mismos o los supuestos de consideración de un contrato temporal como suscrito en fraude de ley, genera mayores derechos indemnizatorios en caso de extinción de los mismos".

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