09 de mayo de 2021
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FIN DE SEMANA

La Guardia CIvil buscó pruebas durante todo el martes en el departamento de Auditoría Interna, encargado de gestionar la contabilidad

El Caso Abengoa que puede salpicar al PSOE andaluz: La UCO registra su sede en Sevilla

El registro de Abengoa por parte de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de su sede en Sevilla es el último de una cadena de reveses para la multinacional de las infraestructuras, energía y agua, que ya el pasado febrero se declaró en concurso de acreedores con un pasivo de más de 6.000 millones de euros. Antes, tanto la Junta de Andalucía, entonces socialista, como el Gobierno de Pedro Sánchez se negaron a ayudarla con créditos.

Fue poco antes de la nueve de la mañana del martes cuando una veintena de agentes de la UCO se personaron en la sede central de Abengoa, situada en el complejo de Palmas Altas, donde los trabajadores se vieron sorprendidos por la intervención cuando ya habían comenzado su jornada laboral. Con una orden judicial, los agentes pidieron a todos los trabajadores que se identificaran y cesaran su actividad, dejando sus credenciales para que los agentes pudieran acceder a los terminales informáticos.

En el marco de la investigación que dirige la Audiencia Nacional, los registros se han centrado en el Edificio D, en el que se encuentra la dirección general de la compañía, Contabilidad, Auditoría, Administración, la Asesoría Jurídica y Simosa IT, la filial responsable de todo el sistema informático del grupo Abengoa.

En concreto, los agentes de la UCO han centrado sus pesquisas en el departamento de Auditoría Interna de la compañía, encargado de gestionar tanto la contabilidad como de comprobar que los números aportados a los accionistas son fieles.

Un Guardia Civil durante el registro de Abengoa. 

La Audiencia Nacional ya investiga desde 2016 la posible manipulación de las cuentas de Abengoa, específicamente si se cometieron delitos societarios contra el mercado y los consumidores. La investigación partió entonces de la denuncia interpuesta por un colectivo de accionistas minoritarios, aglutinado en torno a una entidad llamada Abengoa Shares, que presentó una querella contra directivos de Abengoa y de la empresa Deloitte, encargada de auditar sus cuentas. En esas fechas, la empresa presentó ante los juzgados mercantiles el primer proceso de reestructuración de deuda, apoyado por el 86% de los acreedores financieros, con unas pérdidas anotadas de 7.620 millones.

El procedimiento, bajo secreto, recayó en manos del juez Ismael Moreno, el mismo que ahora ha autorizado la entrada de la Guardia Civil en la sede de Abengoa. No obstante, en esta ocasión el magistrado ha abierto una pieza separada, declarada secreta, en la que, todo apunta, se indaga si se falsearon las cuentas para dar una apariencia irreal de solvencia ante los inversores.

Los frentes judiciales

El devenir judicial de Abengoa viene de lejos. Pese a que en enero de 2018 el expresidente de la compañía, Felipe Benjumea, y el que fuera consejero delegado, Manuel Sánchez Ortega, fueran absueltos por las indemnizaciones que recibieron en 2015 (de cerca de 11,5 millones en el caso del primero y 4,5 millones en el del segundo), ese mismo año la Audiencia Nacional abrió un nuevo frente contra la gigante andaluza.

El magistrado Moreno encausó de nuevo a Benjumea y a Sánchez Ortega por delitos de falsedad contable y estafa en 'Abengoa II'. Una nueva vía de investigación que parte de la ya citada querella presentada en el año 2016, a la que debe sumarse una segunda querella, y que en el año 2019 recibió un impulso importante con la personación en el proceso de la Abogacía del Estado al considerar que la actuación de los responsables de la compañía pudo perjudicar intereses generales y públicos.

Cinco años después, la causa sigue en marcha, y ha dado lugar a los registros de la sede de Sevilla.

Una gestión que lleva años a la deriva  

Tras años de arrastrar una crisis estructural, Abengoa se encuentra inmersa en un concurso de acreedores para intentar salvar la que fue en algún momento buque insignia de la ingeniería andaluza, y que aún hoy cuenta con más de 10.000 trabajadores, 3.000 de los cuales están en España.

Ya en el año 2015 la multinacional esquivó por poco el concurso de acreedores, con una deuda de 20.000 millones. En ese entonces, la deuda se redujo a menos de un tercio tras conseguir que los acreedores se convirtieran en accionistas de una empresa con cada vez menos capitalización. Durante los años posteriores, Abengoa hizo frente a diversas reestructuraciones y planes de negocio para tratar de reflotarla, una situación que la empujó a vender algunos de sus activos más valiosos.

Desde el pasado verano y hasta ahora, y con su cotización suspendida desde julio, la multinacional se ha visto envuelta en una pelea accionarial en la que los minoritarios se han ido agrupando para tratar de tomar su control pero la incapacidad para reconducir la situación, tras fracasar el plan diseñado por el equipo de Gonzalo Urquijo para refinanciar la deuda, ha provocado que la empresa se encuentre a día de hoy en concurso de acreedores, con un pasivo que supera los 6.000 millones de euros.  Este es el segundo mayor concurso de España, solo por detrás del que en 2008 protagonizó la inmobiliaria Martinsa Fadesa, que sumó más de 7.100 millones de euros.

No obstante, en su enésimo intento por salvarse de la quiebra, la multinacional solicitó un rescate al Gobierno a través del fondo habilitado para ayudar a las empresas especialmente golpeadas por la crisis de la Covid. En concreto, Abengoa ha solicitado al Ejecutivo de Pedro Sánchez una ayuda de 249 millones, en un intento desesperado por buscar fuentes extraordinarias de financiación.

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