30 de noviembre de 2020
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FIN DE SEMANA

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó al Gobierno de España a indemnizar al empresario jerezano por el proceso de expropiación de su holding

La familia Ruiz-Mateos batalla por una indemnización de 18.000 millones de euros por la expropiación de Rumasa

José María Ruiz-Mateos y su esposa, Teresa Rivero.
José María Ruiz-Mateos y su esposa, Teresa Rivero.
El 23 de febrero de 1983, hace 37 años, el Gobierno del PSOE procedía a la expropiación del holding Rumasa, sus empresas y 23 bancos del Grupo de Ruiz-Mateos. A pesar de que la Justicia europea falló en su día a favor del empresario José María Ruiz-Mateos, éste jamás recibió una indemnización del Estado español. Una cantidad que la familia calculaba en 18.000 millones de euros y que él creía que percibiría al llegar José María Aznar al poder con el PP, tras años de ataques a los socialistas.

Estos días se ha cumplido el 37 aniversario de un acontecimiento que hizo temblar los cimientos financieros de España tras la llegada del PSOE al poder en la Transición. Fue la expropiación del  Grupo Rumasa, o como lo solía llamar José María Ruiz-Mateos 'el crimen de Rumasa'.  El 23 de febrero de 1983 se perpetró por parte del Ministerio de Economía, que dirigía Miguel Boyer Salvador, la expropiación de cientos de empresas y de 23 bancos que componían el holding Rumasa.

Durante un encuentro con Silvio Berlusconi

Un grupo empresarial formado por José María Ruiz-Mateos Jiménez de Tejada con el trabajo familiar de varias décadas y que poseía empresas por toda la geografía española, además de algunas en distintos países de Europa, llegando a ser el mayor grupo de empresas de España. Desde su fundación en 1961, nunca paró de reinvertir sus ganancias para impulsar nuevas empresas y mejorar las ya adquiridas. Rumasa era por entonces sinónimo de esfuerzo y trabajo, recordemos que se fundó con un capital de tan solo 300.000 pesetas.

José María Ruiz Mateos con su hija Begoña.

En el momento de la expropiación, el holding de la abeja estaba compuesto de setecientas empresas con actividad en todos los sectores, 65.000 trabajadores directos y 300.000 indirectos. Entre ellas figuraban empresas de reconocido prestigio, como Galerías Preciados -valorada en 6.133 millones de euros-, marcas de lujo como Loewe, fincas como 'La Almoraima', de 16.000 hectáreas ubicadas en Castellar de la Frontera (Cádiz) donde trabajaban más de 200 personas, que fue adquirida por unos tres millones de euros y cuyo valor de mercado era de 312 millones de euros; o bancos, como el Atlántico, valorado en 342 millones de euros.
 
En definitiva, un inmenso capital humano y económico valorado por la familia Ruiz-Mateos en 18.000 millones de euros, de los que no se ha devuelto un sólo céntimo, "haciendo caso omiso a varias sentencias que dan la razón a Ruiz-Mateos y que incluso condenan al Estado español por violación de derechos humanos", afirman a elcierredigital.com fuentes próximas a la familia.
 

Ruiz Mateos con su disfraz de Superman pidiendo Justicia en la puerta de los Juzgados.

Para  la familia y colaboradores más directos en su día del empresario jerezano, "el Gobierno de Felipe González, usando una disposición de incautaciones de 1939, pensada para tiempos de guerra, decidió expropiar, sin la mínima base legal para hacerlo, la totalidad de las empresas del grupo alegando motivos de utilidad pública e interés social, los cuales se han demostrado inexistentes a lo largo de estos 37 años de injusticia. De hecho lo que ha quedado probado claramente es, que tanto la expropiación como el posterior proceso de reprivatización de las sociedades, -plagado de dudas sobre su legalidad y sonados escándalos así como de acusaciones de importante corrupción-, fue altamente costoso para la economía española además de conllevar la pérdida de decenas de miles de puestos de trabajo", señalan.

Varios recursos judiciales

José María Ruiz-Mateos presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto de expropiación pero no salió adelante debido al voto de calidad del Presidente del Tribunal Constitucional, Manuel García Pelayo, quien después renunció a su puesto. Se marchó fuera de España y del que se dijo en su día que había recibido todo tipo de presiones.

Los magistrados Rafael Gómez, Gloria Begue, Ángel Escudero, Francisco Rubio, Antonio Truyol y Francisco Pera votaron en contra de validar el decreto de expropiación. Las fuentes jurídicas de entonces resaltaban que había preparada una sentencia que se inclinaba claramente a favor de la inconstitucionalidad de la Ley de Expropiación y que, por tanto, se habría dado la razón a José María Ruiz-Mateos.

En un acto con la Reina Sofía.

El 14 de enero de 1992, la Comisión Europea de Derechos Humanos elaboró un informe que presentó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en el que se reconocía que España había violado el artículo 6.1 de la Convención Europea de Derechos Humanos. Además, también se dictó que la causa de Ruiz-Mateos no había sido oída equitativamente por los tribunales en un plazo razonable.

Más tarde, el 23 de junio de 1993, el TEDH emitió una sentencia en la que daba la razón a Ruiz-Mateos censurando la excesiva lentitud y la falta de garantías del Tribunal Constitucional español por la desmesurada duración del proceso que fue iniciado tras producirse la expropiación.

En marzo de 1999 el Tribunal Supremo confirmó la absolución del empresario jerezano de todos los delitos de los que se le acusaba y por lo que, en teoría, se habría expropiado sus empresas, siendo invalidada, una vez más, la medida. Según afirman sus allegados a elcierredigital.com, "Estrasburgo también recalcó algo que denota un absoluto descaro como es el hecho de que el Tribunal Constitucional tardó un total de siete años y nueve meses en resolver el conjunto del caso, conculcando así el derecho a tener un proceso sin dilaciones". En este enlance que aportamos pueden consultarse varios documentos de interés sobre el caso Rumasa

El Estado liquidó finalmente Rumasa en 2015 con un beneficio de 160 millones, de los cuales el Estado ya había cobrado 50 millones en septiembre de 2018. El hecho de que 37 años después de haber sido expropiada y desmontada Rumasa, aún dé millones de beneficio es un claro indicador para la familia Ruiz-Mateos de la inmensidad del Grupo y del negocio que supuso para algunos la expropiación del holding de la abeja.

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