22 de junio de 2024
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FIN DE SEMANA

El abogado García Cebrián analiza los efectos de esta problemática que afecta en mayor medida a Canarias, seguida de Castilla-La Mancha y Asturias

'Boom' en España de lanzamientos hipotecarios y deshaucios: Los 'estragos' de la Ley de Vivienda

El Cierre Digital en
/ Lanzamiento hipotecario.
La precariedad del mercado laboral, la inflación y el aumento de intereses hipotecarios han llevado al límite a muchas familias españolas. En el último año, se ha advertido un incremento de lanzamientos hipotecarios, afectando en mayor medida a las Islas Canarias, a Castilla-La Mancha y a Asturias. El abogado Alberto García Cebrián analiza el también aumento de los desahucios motivados por el impago de alquiler y los efectos de la nueva Ley de Vivienda en esta problemática.

Cada lanzamiento hipotecario supone que un banco o entidad financiera echa a una familia de su casa por no haber hecho frente al pago de la hipoteca. A partir del 16 de junio de 2019 entró en vigor la Ley 5/2019, la cual estableció como requisito para interponer una ejecución hipotecaria, que concurra un impago de al menos 12 cuotas o el  tres por ciento del capital prestado.

Por tanto, los datos de lanzamientos hipotecarios tienen su origen en demandas que se han interpuesto después de pasar al menos un año de impago de la hipoteca. Esto supone que la situación actual de lanzamientos hipotecarios tenga su origen en impagos que se arrastran durante años, pues debemos recordar que los procesos judiciales de ejecución hipotecaria no son especialmente rápidos.

Según el informe del Consejo General del Poder Judicial el invierno pasado aumentaron en un 200 por ciento los procesos de lanzamiento hipotecario en las Islas Canarias.  Se trata del aumento porcentual más alto de España, seguido de Castilla-La Mancha con un 188,9 por ciento, y de Asturias con un 177,8. La media nacional fue de 10,7 por ciento.

Esto es debido a la mala situación de las familias condicionada por la precariedad del mercado laboral, la inflación y el aumento de intereses hipotecarios que han llevado al límite a muchas familias que han acabado perdiendo su casa y siendo echados por la entidad que en su día la compra del inmueble. 

Los datos a nivel nacional son malos, pero especialmente en Canarias la situación es alarmante lo que nos hace reflexionar sobre qué está pasando en el archipiélago. De los 38 casos del primer trimestre de 2023 se pasó a 114 entre enero y marzo de 2024. La proporción de demandas tanto de desahucio como de despido en Canarias entre enero y marzo de 2024 ha sido el más alto de España, lo que supone un aumento de familias sin vivienda y sin trabajo.

En lo que se refiere a lanzamientos por incumplimiento de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) (desahucios por impago de alquiler) el incremento en las Canarias fue del 23 por ciento; de 308 casos en el primer trimestre de 2023 a 380 en el pasado invierno. Siempre según las estadísticas judiciales, Canarias fue en el periodo de estudio la comunidad con la segunda tasa más alta de lanzamientos por impago de alquiler por cada 100.000 habitantes: 17, cifra sólo superada por Cataluña (17,3).

Los registros que aluden a la totalidad de los lanzamientos (por ejecución hipotecaria, incumplimiento de la LAU u otros) apuntan que en las Islas se pasó de 366 casos en el invierno de 2023 a 516 en de este año, lo que implica un aumento del 41 por ciento. La tasa de lanzamientos totales de Canarias fue también la segunda más alta del país: 23,3 casos por cada 100.000 habitantes.

Siete de cada diez lanzamientos fueron por impago del alquiler

Entre el 1 de enero y el 31 de marzo de este año se practicaron un total de 7.424 lanzamientos, cifra que supone un crecimiento del 12,8 % respecto al mismo periodo de 2023. Cataluña (con 1.870, el 25,2 % del total nacional) ha sido la Comunidad Autónoma en la que se practicaron el mayor número de lanzamientos, seguida por Andalucía, con 1.076; la Comunidad Valenciana, con 1.037 y Madrid, con 725.

Siete de cada diez lanzamientos (5.443, el 73,1 %) fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que 1.448 (19,5 %) se derivaron de ejecuciones hipotecarias y los 533 restantes obedecieron a otras causas.

Los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias aumentaron un 10,7 % respecto al primer trimestre de 2023. Para los derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos el aumento fue del 12 % y para los derivados de otras causas, del 29,7 por ciento.

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Piso en alquiler.

Todo esto está condicionado por los efectos contraproducentes de la Ley de Vivienda. A diferencia de lo que indicamos en relación a procesos de lanzamiento que tenían origen en un impago de hace años, en los procesos de desahucio por resolución de contrato de alquiler suelen tener un antecedente en una demanda presentada nueve meses o un año atrás.

Justamente coincide que la Ley de Vivienda entró en vigor el 26 de mayo de 2023, por lo que las cifras actuales son el reflejo de los efectos de esta norma. La Ley de Vivienda tiene grandes defensores y retractores, pero lo que está claro es que las cifras son claras y, lejos de frenar los procesos de desahucio y lanzamiento de alquileres, la situación ha empeorado aún más.

Debemos de tener en cuenta que los perjudicados de los procesos de desahucio de alquiler son tanto propietarios como inquilinos. Esto también ha contribuido a que disminuya la oferta de alquiler ante la desconfianza de los propietarios y aumente la demanda de alquiler ante la necesidad de los inquilinos. Esto es uno de los condicionantes de la subida del precio del alquiler.

El precio del alquiler medio en las principales ciudades de España está por encima del precio de una hipoteca media, pero el gran problema es que los precios de compra y los intereses hipotecarios también están disparados y los ahorros de las familias para poder acceder a la entrada de compra son muy limitados. 

Como otros datos de interés también cabe destacar que las demandas por despido aumentan un 20,6 %, lo cual es preocupante pues son personas y familias que se quedan sin su puesto de trabajo. Además, los procedimientos monitorios se incrementan un 29,5 % lo que es una muestra más de que las familias están cada vez más asfixiadas económicamente y ello repercute en su nivel de morosidad.

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