21 de abril de 2024
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FIN DE SEMANA

Juan Santamaría, nombrado el pasado año presidente de Abertis, se postula tras ganar la partida interna al caído Marcelino Fernández Verdes

El Grupo ACS prepara el 'postflorentinismo' bajo la batuta del presidente del Real Madrid, tras obtener números récords

El Cierre Digital en Montaje sobre una de las oficinas de ACS y el empresario Florentino Pérez.
Montaje sobre una de las oficinas de ACS y el empresario Florentino Pérez.
El Grupo ACS se encuentra en un momento cumbre tras presentar beneficios por valor de 780 millones en 2023. Este gigante de la construcción creado por Florentino Pérez tiene en el horizonte la sucesión del presidente del Real Madrid, que cuenta con Juan Santamaría como delfín tras la defenestración de Marcelino Fernández Verdes. El magnate merengue, que no está incomodo a pesar de los más de 25.000 millones de euros de deuda que sufre ACS, tiene previsto situarse al frente de la Fundación ACS.

Un ingeniero despierto que soñaba con la política fue concejal del Ayuntamiento de Madrid, fracasó en la 'Operación Roca', erigió un imperio empresarial en torno a la quebrada Construcciones Padrós de la Banca Catalana pujolista y se convirtió en un 'ser superior' para el madridismo por el frenesí de Champions League ganadas por los merengues

Este podría ser uno de los innumerables esbozos biográficos posibles sobre Florentino Pérez Rodríguez, que este pasado viernes cumplió 77 años de vida. El todopoderoso empresario, quizá el español más influyente con permiso de Pedro Sánchez, Felipe de Borbón y Isidre Fainé, otea en el horizonte su sucesión, tanto en ACS como en el Real Madrid. 

En el conglomerado empresarial, Pérez ya ha dejado clara su intención de ir dando pasos a un lado para dejar la sala de máquinas a otras personas y su intención de asumir la presidencia de la Fundación ACS, con el fin de acabar su vida haciendo obra social

A muchos de sus críticos les cuesta vez a Pérez renunciando a cuotas de poder, pero lo cierto es que está dando pasos para mimar al que está llamado a convertirse en su delfín, Juan Santamaría, que en marzo del pasado año asumió la presidencia de la concesionaria Abertis (controlada por ACS) mientras sigue dirigiendo la mayor constructora alemana, Hochtief, controlada en más de un 75% por la propia ACS.

Santamaría le ha ganado la partida al hombre que estaba llamado a presidir ACS, Marcelino Fernández Verdes, CEO de la constructora entre 2017 y 2021. Su caída en desgracia estuvo relacionada con un agujero de más de 600 millones de euros provocado por filial australiana Cimic, agujero del que fue considerado culpable el "mejor ejecutivo del sector", según había declarado previamente el propio Florentino Pérez. 

La contabilización de un negocio que Cimic disponía en Oriente Medio se llevó por delante las ilusiones de Fernández Verdes, ligado al 'florentinismo' empresarial desde 1987 y sustituido en 2020 al frente de Cimic por el propio Santamaría, que trabaja en ACS desde 2002. 

La deuda de ACS supera los 25.000 millones

Florentino Pérez sopesa qué cartas mover a medio plazo para ser relevado mientras ACS se encuentra en un momento óptimo al haber superado los 35.000 millones de euros de facturación y los 780 millones de beneficios. 

Este extraordinario momento de volumen de negocio explica la intención de Pérez de seguir haciendo crecer el grupo con operaciones como la reciente compra de la empresa Prudentia Engineering, ligada a la industria química y energética, por parte de la australiana Cimic

Pérez, primer accionista de ACS con más del 13% del accionariado (mientras el fondo Black Rock y 'los Albertos' se pelean por ser segundos con casi el 5%) ha encauzado la situación de ACS, que dice no inquietarse por sufrir una deuda neta  de 25.875 millones tras haberse disparado un 18% en el último año. 

Sede de ACS. 

La deuda parece no incomodar a Pérez, que dispone de abundantes activos líquidos para hacerla frente y no deja de ganar concesiones mientras espera la renovación de Puerto de Valencia, la mayor obra a corto plazo de España con un presupuesto de 800 millones de euros.

Dragados (ACS) se aliará para el concurso con las valencianas Rover y Torrescámara, tal y como adelanta El Economista y ha confirmado Elcierredigital.com

Peor visión tiene Pérez de Abertis, que ha sufrido un duro golpe del que no se han repuesto en su sede madrileña (convertida en principal tras dejar en 2017 Barcelona por el procés). La compañía controlada por ACS y la italiana Mundys creía que iba a recibir 4.000 millones de euros de compensación por la liquidación de la autopista AP-7, entre Tarragona y la Jonquera, en la que Abertis implantó carriles adicionales tras un acuerdo firmado en 2006. 

Pero el Tribunal Supremo falló hace unos días que "no estima la pretensión principal de Abertis basada en su derecho a ser compensada por el margen diferencial entre el tráfico real y el previsto, al no considerar que dicho convenio estableciera una redistribución del riesgo de tráfico entre Administración concedente y concesionaria". 

El Castor sigue sin ser desmantelado

Uno de los focos de problemas para ACS sigue siendo el almacén gasístico subterráneo Castor. Este proyecto se encuentra en el centro del candelero a pesar de que la sección primera de la Audiencia Provincial de Castellón absolvió en 2021 a los dos directivos de Escal UGS acusados de supuestas responsabilidades de los más de 500 terremotos que se produjeron frente a las costas de Castellón por las inyecciones de gas en la plataforma Castor. 

El tribunal absolvió a los acusados Recaredo del Potro Gómez, José Luis Martínez Dalmau y a la mercantil Escal UGS SL, del delito contra el medio ambiente y los recursos naturales del que habían sido acusados. Y el Gobierno de España tuvo de indemnizar con 1.350 millones de euros a los impulsores del Castor por cerrarlo. Florentino Pérez y sus socios ganaron en los tribunales y ahora "se desentienden", según algunos activistas críticos medioambientales. 

Pero las mayores críticas se las lleva el Gobierno. Una de ellas es la del geólogo navarro Antonio Aretxabala, que recuerda que este almacén gasístico sumergido frente a Tarragona, "que provocó centenares de seísmos", "sigue pendiente de su desmantelamiento definitivo sin un plan concreto del Gobierno español" 10 años después de haber sido cerrado. 

Aretxabala también denunció que "los tapones que deben sellar de forma segura el almacén de gas Castor llevan años caducados y el Gobierno español sigue sin cambiarlos" y asegura que esta dejadez estatal puede provocar nuevos problemas medioambientales.

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