23 de octubre de 2020
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FIN DE SEMANA

Acusan a las distintas Administraciones Públicas de cometer un "fraude de ley" al abusar de la temporalidad de algunas plazas de trabajadores

Interinos andaluces abren brecha en la reclamación estándar sobre los concursos extraordinarios

Palacio de San Telmo en Sevilla, sede de la Junta de Andalucía.
Palacio de San Telmo en Sevilla, sede de la Junta de Andalucía.
La Asociación de Profesionales Valoradores de la Dependencia en Andalucía (AproVadA) ha elaborado un modelo estándar accesible para interinos de cualquier administración pública del Estado Español para poder reclamar que se cumpla lo dictado por una sentencia europea que remachaba las quejas de los interinos españoles acusando a las distintas administraciones de abusar de las temporalidades para no convocar oposiciones con concurso de méritos.

La Asociación de Profesionales Valoradores de la Dependencia en Andalucía (AproVadA) ha elaborado un modelo de reclamación previa contra la Administración en contra de los concursos extraordinarios para acceder a puestos trabajo público. Se trata de un escrito que ha puesto a disposición de todo el colectivo de interinos y trabajadores temporales para informar de lo que consideran de “fraude de ley” por abusar la temporalidad en los trabajadores públicos.  

El presidente de AproVadA, David Núñez ha explicado que en esta reclamación cada funcionario pide a la Administración correspondiente que no convoque un concurso extraordinario para su plaza en el caso de que no se hayan celebrado las oposiciones y que, de haberse realizado los exámenes y no haber logrado plaza, se reubique a ese funcionario en un puesto vacante. Argumentan para ello que los procesos selectivos actuales son contrarios a la última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) con fecha del 19 de marzo.

La sentencia del tribunal europeo reconoce el abuso de las contrataciones temporales en los nombramientos de la Administración y considera que un proceso selectivo de libre concurrencia “no sanciona debidamente ni elimina las consecuencias de la infracción del Derecho de la Unión según la sentencia del Tribunal de Europa”.

El Trirbunal de Justicia Europea ha reconocido un "abuso de la temporalidad", explica David Núñez y añade que quiere "que se nos reconozca fijos, que se declare la nulidad que ahora se que quieren establecer, ya que  sacan nuestras plazas ahora con independencia de la situación de fraude en el que hemos estado".

Núñez señala que ha diseñado esta reclamación administrativa a la que todos los funcionarios pueden acceder de forma gratuita porque el Gobierno andaluz no ha paralizado los procesos de estabilización laboral extraordinarios que están en marcha tras la sentencia europea. Algo que la asociación ya reclamó en los Tribunales en enero de 2020 en una demanda cuyo juicio tiene fecha para el próximo mes de noviembre.

David Núñez. 

La forma de acceder es mediante la dirección siguiente: https://asociacionaprovada.blogspot.com/2020/05/documentos-para-la-reclamacion-previa.html. Lo que se encontrarán es un formulario sencillo de rellenar, que se ha diseñado con diversos campos para que cada interino lo pueda descargar en su ordenador y adecuarlo a sus circunstancias particulares.

De esta manera, cada empleado público presentará una reclamación individual pidiendo que su plaza se retire del concurso público convocado o se reubique en otro puesto vacante hasta que se adecuen los procesos a la sentencia de TJUE. Núñez ha señalado que la Junta de Andalucía se enfrenta a una avalancha de reclamaciones, recordando además que “se trata del paso previo a los tribunales”. No obstante, advierte que “si hay que recurrir a ello, lo haremos para defender nuestros puestos de trabajo”.

El estatuo básico del empleado público establece que hay tres formas de acceder al puesto fijo: vía oposición libre, concurso de oposición y exclusivamente por concurso. Esta última, y como explica Núñez, "según La ley de Estatuo Básico establece que ese proceso solo se puede aprobar en circunstancia excepcionales y en virtud de ley, algo que así refleja el Tribunal de Justicia Europea".

Tramitando una Iniciativa Legislativa Popular

La entidad ha pedido al Consejero de la Presidencia, Elías Brendodo, que se suspendan todas las convocatorias hasta que finalice la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que está llevándose a cabo en el Parlamento Andaluz. En ella se prevé realizar procesos selectivos exclusivamente por concurso de méritos para resolver la situación de los funcionarios interinos y estatutarios temporales en situación de “fraude de Ley por abuso de la temporalidad quienes en esta crisis sanitaria por el covid-19 han demostrado que son necesarios para mantener los servicios públicos esenciales”.

La Iniciativa Legislativa Popular fue admitida a trámite por el Parlamento Andaluz el 15 de mayo de 2018 y el 20 de septiembre la Junta Electoral abría el proceso para la recogida de un mínimo de 40.000 firmas imprescindibles para que el texto pudiera  tramitarse. Se presentaron un total de 51.630 firmas ante la Oficina del Censo Electoral el 13 de mayo de 2019. En julio, la ILP entraba en el Parlamento para iniciar su proceso hasta su debate y el 25 de septiembre se aprobaba en el Pleno su toma en consideración con los votos a favor de PSOE y Adelante Andalucía y la abstención de PP, Ciudadanos y Vox.

Están pendientes de una Iniciativa Legislativa Popular en la Junta de Andalucía. 

La reclamación previa incorpora un formulario sencillo para facilitar su uso, de forma que cualquiera pueda hacer uso de ella. La presentación de este escrito es un trámite administrativo que no requiere la intervención de letrado “evitándoles el gasto en abogados para resolver su situación”.

“Nuestro objetivo es que ni un solo funcionario interino o estatutario temporal se quede atrás y lograr que se corrija la injusta situación en la que nos encontramos” y en la que algunos empleados públicos llevan hasta 27 años, afirma Núñez.

Núñez ha recuerda que, del total de casi 30.000 plazas en fraude de ley, 902 corresponden a la Administración General; 388 a Justicia; 9.603 son funcionarios interinos de Educación y 18.618 son eventuales estatutarios de Sanidad.

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