PP y Vox piden investigar al marido de Nadia Calviño por el supuesto reparto fraudulento de fondos europeos

Decenas de consultoras están haciendo su agosto porque el Ministerio de Asuntos Económicos obliga a las empresas a contratar a compañías intermediarias para acceder a parte de los 3.000 millones de euros que ofrecen para digitalizar principalmente a pymes.

Una de esas consultoras es Bee Digital, que en su página web ofrece facilidades para acceder a ayudas públicas: "Realizaremos, en tu nombre, toda la gestión administrativa para que puedas solicitar el bono y te olvides de todo el papeleo. Una vez que lo consigas, te ayudaremos a elegir el servicio o herramienta que mejor se adapte a las necesidades de tu negocio. Y cuando elijas la solución, te acompañaremos a lo largo de todo el proceso, ayudándote a implementarla".

Bee Digital explica que "el programa Kit Digital, financiado con los fondos europeos, ofrece muchas oportunidades para las pymes y autónomos de las que te puedes beneficiar".

Ignacio Manrique de Lara

Ignacio Manrique de Lara, marido de Nadia Calviño, ejerce como director de marketing de la citada consultora tecnológica que ofrece sus servicios por entre 125 y 6.000 euros. PP y Vox afean que Bee Digital realice los servicios de acceso a las ayudas que reparte el Ministerio de Asuntos Exteriores que lidera su mujer.

El PP de la Asamblea de Madrid ha llevado el asunto hasta la Fiscalía Anticorrupción y recuerda que Bee Digital tenía en 2020 deudas con las administraciones públicas por valor de 852.000 euros. Y Vox dice que es un caso de "clientelismo".

La formación que lidera Santiago Abascal recuerda que dentro del programa Next Generation de la UE se otorgan fondos de ayuda a empresas para la digitalización, llamadas Kit Digital, que pueden ir hasta los 12.000€ por empresa, sumando un total de 3.000 millones de euros, y que en España reparte el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, dirigido por Nadia Calviño.

El eurodiputado Jorge Buxadé asegura que es un caso de "conflicto de intereses" por el "estatus privilegiado" de Bee Digital, por lo cual pide a las instituciones europeas que inicien "una investigación por malversación".

Nadia Calviño. 

Vox asegura que quiere que "estos fondos de ayuda que tanto necesitan las empresas españolas lleguen a su destino y no sean utilizados por parte del Gobierno del PSOE y Podemos para lucrarse y enriquecer a su entorno".

Posible oligopolio

El PP, por su parte, ha criticado el modelo de la subvención porque "las empresas ven limitada su capacidad de decisión, convirtiendo en auténticos beneficiarios a los agentes digitalizadores, ya que se constituyen en una situación de oligopolio, en la que un número limitado de vendedores controlan y acaparan la prestación del servicio de digitalización y el acceso a las ayudas".

Según su opinión, este modelo puede favorece a la creación de un oligopolio porque promueve "la generación artificial de alianzas empresariales que, sin duda, puede suponer un beneficio significativo, más allá del correspondiente a la prestación específica del servicio".

Los 'populares' aseguran que "quien crea este sistema que favorece el clientelismo oligopolístico es el Ministerio de Asuntos Económicos, y quien acredita como agente digitalizador a determinadas empresas es el mismo ministerio, y que quien resultó beneficiaria, entre otras, de ser acreditada, es una empresa, Páginas Amarillas Soluciones Digitales S.A, cuyo Director de Marketing es el marido de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño".

José María Calviño Iglesias, padre de la vicepresidenta primera

El padre de Nadia Calviño, José María Calviño Iglesias (Lalín, Pontevedra, 1943), fue una celebridad política y polémica bajo el primer gobierno de Felipe González al asumir la dirección de RTVE tras la llegada de PSOE al poder en 1982. Pero también fue uno de los protagonistas de la llamada “cultura del pelotazo” durante esa década en España. Calviño fue uno de los brazos armados del entonces vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra en las múltiples operaciones que se gestaron bajo cuerda.

José María Calviño en su etapa de director de RTVE/ Archivo RTVE

Su mandato al frente de RTVE se prolongó hasta 1986, pero después su condición de abogado le permitió participar en los negocios más lucrativos al amparo del poder acumulado por el entorno del Partido Socialista durante el nacimiento de las televisiones privadas y el crecimiento imparable de la burbuja inmobiliaria en España.

Tras la segunda victoria consecutiva del PSOE en las elecciones generales de 1986, el nombre de José María Calviño se encontraba entre los posibles ministrables del segundo gobierno de González. Pero a última hora se quedó compuesto y sin novia: fuera de la dirección general de RTVE y sin ministerio. Sin embargo, su cercanía al poder le situaba en una posición inmejorable para iniciar nuevos negocios desde su bufete de la calle Marqués de Urquijo, a un tiro de piedra de la sede socialista de Ferraz.

Por entonces, junio de 1986, nada más ganar sus segundas elecciones, en el PSOE sólo tres personas conocían el borrador que posteriormente se convertiría en la Ley que dio a luz a las televisiones privadas en España. Esas tres personas eran el presidente del Gobierno, Felipe González, el vicepresidente, Alfonso Guerra, y el entonces ministro de Cultura, Javier Solana. Sin embargo, a esas tres personas se uniría poco después una cuarta: José María Calviño, a quien Alfonso Guerra consultó antes de enviar el proyecto al Consejo de Estado para que le diera su opinión.

Calviño hizo unas anotaciones al borrador y calló como una tumba, hasta el punto de que los empresarios de prensa interesados en participar en el nuevo negocio televisivo se enteraron por los periodistas que acudieron a Moncloa a cubrir la rueda de prensa de los viernes, después de que el consejo de ministros aprobara el proyecto de Ley de las televisiones privadas.

El nuevo proyecto reducía a tres el número de canales de televisión autorizados y limitaba a diez años renovables el periodo de la concesión administrativo. Pero lo que más irritó a los empresarios periodísticos fue la limitación que imponía el proyecto en los porcentajes de participación de dichos empresarios. Todos vieron la mano de Calviño en la idea de que ninguna persona física o jurídica pudiera ser titular de más de un 25 por ciento de una sociedad concesionaria.

Muchos creyeron que se trataba de una maniobra anti Polanco para que el empresario de prensa más poderoso del país no pudiera monopolizar el negocio de la televisión, lo cual provocó una guerra que no vamos a desarrollar aquí. Lo que nadie pensó entonces es que el propio José María Calviño, gracias a su privilegiada posición, fuera a convertirse en la cabeza visible del primer canal de televisión privado de España, al poner en marcha Canal 10 —marca empresarial de Film Succes, S.A.—, en cuyo capital Calviño participaba a través de la empresa Lake Wood Enterprises, Inc., con sede en Panamá, que comenzó a emitir por satélite desde Londres en 1988, aprovechando un vacío legal que dejaba en el limbo su funcionamiento inicial antes incluso de que el Gobierno convocara el concurso público para la concesión de los canales el 23 de mayo de 1989.