29 de enero de 2023
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FIN DE SEMANA

El juez Santiago Pedraz asegura que "no hay elementos nuevos" para ampliar la investigación contra la exministra del PP Elvira Rodríguez, entre otros

La Justicia ignora a los inversores del Banco Popular que querían imputar a la anterior cúpula de la CNMV

El Cierre Digital en
/ La exministra Elvira Rodríguez.
Los inversores del Banco Popular buscaban recuperar parte del dinero que perdieron cuando la entidad de crédito fue intervenida en junio de 2017. Tras desestimarse sus pretensiones contra las autoridades españolas, y viendo que al Banco Santander no tenían fácil pegarle bocado, intentaron inmiscuir a la cúpula de la CNMV por su pasividad ante la presunta estafa. Pero la Audiencia Nacional les ha dado la espalda.

La estrategia judicial de los inversores del Banco Popular que perdieron sus ahorros en 2017 no se está saldando con buen pie después de que la justicia les haya negado la posibilidad de imputar a las autoridades españolas bancarias que avalaron la intervención y, ahora, la de lograr sus pretensiones de imputar a la anterior cúpula de la CNMV. 

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz rechaza la intentona de los inversores de imputar, entre otros, a la exministra Elvira Rodríguez (que presidió la CNMV), porque "no hay elementos nuevos que puedan justificar una ampliación del objeto de la investigación".

Los querellantes aseguraban que las anteriores cúpulas de la CNMV "participaron, como mínimo, por omisión, en el fraude de inversores que se investiga en este juzgado. Y, de hecho, con sus resoluciones injustas por ser consciente de lo que sucedía en relación con el Banco Popular al tiempo de los hechos, o en todo caso con capacidad suficiente para poder conocer pero ignorándolo deliberadamente, posibilitaron la perpetración del masivo fraude". 

Problemas para el auditor de las cuentas del Popular

El que está en problemas desde un punto de vista jurídico es el auditor de PricewaterhouseCoopers (PwC) Jose María Sanz Olmeda, que tendrá que declarar esta mañana sobre su papel como coordinador de las auditorías de la entidad de crédito entre 2009 y 2015. 

El juez en un primer momento rechazó investigar al auditor, pero "las cuentas anuales del año 2015 del Banco Popular ocultaban un déficit de provisiones generado por el incumplimiento consciente de las normas contables contenidas en el anejo IX de la Circular 4/2004 del Banco de España". 

Historia de un escándalo

El juez de la Audiencia Nacional investiga la presunta estafa que cometió la cúpula del Popular cuando en 2012 realizaron una ampliación de capital. Cabe recordar que cinco años después de este proceso el banco fue intervenido tras quedarse sin liquidez y fue adquirido por solo un euro por el Santander, que se hizo con los 5.000 millones de créditos fiscales que atesoraba su antiguo rival. 

Popular

Sede del Popular. 

El banco de los Botín recibió, nada más acceder a la sala de máquinas del entonces sexto banco de España, 500 millones de Hacienda de estos créditos fiscales (que son sumas que se acumulan en pérdidas y sirven principalmente para rebajar el pago del Impuesto de Sociedades). 

El ministro de Economía, tanto en 2012 como en 2017, era Luis de Guindos, que aseguraba que el rescate del Popular no iba a costar "ni un duro a los españoles", alarmados por el gigantesco socavón provocado por la banca (el FROB, 'banco malo', ha reconocido pérdidas superiores a 45.000 millones de euros derivadas por rescates bancarios en la última década). 

El expresidente del Popular, Ángel Ron, se negó a ser rescatado ni por el FROB ni por la SAREB, que hubiera digerido parte de los 33.000 millones de euros de activos inmobiliarios tóxicos que acabaron llevándose por delante a la entidad.

El Santander está siendo condenado por 'fechorías' del Popular

La dulce digestión del Banco Popular por parte del Banco Santander se está complicando en pleno juicio por la presunta estafa a los accionistas del primero que no vieron ni un solo euro mientras la entidad de crédito de los Botín se hacía con sus activos por tan solo un euro. 

Y es que a este juicio se le une una reciente condena del Tribunal Supremo, que ha ratificado los fallos del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Pamplona y de la Sección Tercera de la Audiencia navarra en favor de un empresario navarro al que el Banco Popular estafó. 

La víctima es Juan González, que tendrá que ser indemnizado con 4,5 millones de euros porque el Popular le vendió un producto tóxico que le hacía perder dinero casi con total seguridad. El empresario invirtió los ahorros conseguidos en la venta de una empresa familiar. 

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