26 de noviembre de 2022
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FIN DE SEMANA

El Tribunal Constitucional cierra la puerta a las reclamaciones de los contribuyentes que antes del fallo no tuvieran ya abierto un recurso

Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN: "Es inadmisible que la anulación de la plusvalía municipal no sea retroactiva"

El Tribunal Constitucional no aplicará la anulación de la plusvalía municipal con retroactividad en aras de la estabilidad económica de los ayuntamientos y solo aquellos contribuyentes que antes del fallo tuvieran ya abierto un recurso podrán solicitar la devolución de este gravamen. Desde ASUFIN, consideran esta decisión "absolutamente inadmisible" porque con ella "se veta este derecho a consumidores que conocen sus posibilidades de reclamación".

Malas noticias para los contribuyentes. El Tribunal Constitucional se adelanta a la más que previsible ola de reclamaciones tras la anulación de la plusvalía municipal y, en el borrador de la sentencia, al que ha tenido acceso elcierredigital.com, se establece la imposibilidad de aplicar dicha resolución con efecto retroactivo en aras de la estabilidad económica de los ayuntamientos. 

De este modo, los magistrados cierran la puerta a que recuperen lo pagado quienes tuvieran cerrado el proceso administrativo a la fecha del fallo, una decisión que se hace extensible a las "liquidaciones provisionales o definitivas" que no hayan sido impugnadas y a las "autoliquidaciones cuya rectificación no haya sido solicitada a dicha fecha". 

"Estamos sorprendidos, cuando no indignados y, además, frustrados de que nuestros tribunales cometan una y otra vez el mismo error" manifiesta Patricia Suárez, presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN). "Ya tuvimos una sentencia de cláusula suelo dictada por el Tribunal Supremo que en aras de una estabilidad económica dijo que no era retroactivo. Tuvieron que venir desde Europa a decirnos todo lo contrario".  

Según explica Patricia Suárez, "una vez más, el Tribunal Constitucional protegiendo, que se puede entender pero que jurídicamente no es correcto, a los ayuntamientos, dicta una sentencia en la que deja claro no solo que las resoluciones en tribunales que sean firmes no se pueden reclamar, cuestión totalmente de acuerdo, puesto que es cosa juzgada, sino que además lo extiende a resoluciones administrativas, considerándolas consolidadas, liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido impugnadas a la fecha de esta sentencia, o autoliquidaciones cuya rectificación no haya sido solicitada a dicha fecha para evitar la avalancha de peticiones, justas por otra parte, de personas que han pagado una plusvalía siguiendo un método erróneo de cálculo que no sabían que era reclamable".

Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN. 

En concreto, el pleno del tribunal de garantías acordó el pasado martes declarar inconstitucionales tres artículos de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales que determinan cómo se debe calcular la base imponible de este impuesto que recaudan los ayuntamientos. Según los magistrados, que se use el valor catastral determinado a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y se multiplique por un coeficiente de revalorización, provoca que, sobre el papel, exista siempre un aumento de valor de los terrenos, "con independencia de que haya existido ese incremento y de la cuantía real de ese incremento". Por ello, consideran que esa forma de calcular la base sobre la que se aplica el impuesto va en contra del principio de capacidad económica recogido en la Constitución Española.

Que pese a ello solo se permita reclamar su devolución a aquellos contribuyentes que antes del fallo tuvieran ya abierto un recurso, es en palabras de la presidenta de ASUFIN, "absolutamente inadmisible". "Lucharemos y pelearemos donde haya que hacerlo hasta las últimas consecuencias. Porque a un consumidor que no conoce sus posibilidades de reclamación no se le puede vetar ese derecho a posteriori, en aras de salvar un sistema económico del que él no tiene la culpa" concluye. 

Los ayuntamientos, en pie de guerra 

 La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) publicó este jueves una declaración en la que reclama al Gobierno un fondo compensatorio por la cantidad que dejará de recaudar con este impuesto, que calculan se sitúa en torno a los 2.500 millones de euros al año. 

Además, solicitan la aprobación "urgente" de una norma legal que reforme este impuesto y que “se garantice la seguridad jurídica de los ciudadanos y los Gobiernos Locales y la correspondiente recaudación para las haciendas locales”.

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