La falta de mano de obra en el campo genera un falso debate sobre las ayudas sociales

Las ayudas sociales se han convertido en objeto de controversia en comunidades como Navarra, que está a la vanguardia de la protección de miembros de colectivos vulnerables mediante la Renta Garantizada.

Esta ayuda dificulta que los empresarios del sector primario consigan encontrar mano de obra, tal y como denunció el sindicato agrario UAGN. Esta central sindical aseguró que la Renta Garantizada supone "un freno brutal a la hora de encontrar trabajadores" para las campañas agrarias y conlleva que los empresarios "demandan trabajadores y no los encuentran por las políticas subsidiarias del Gobierno foral".

El presidente de UAGN, Félix Bairáin, aseguró la pasada legislatura que "hay productos que corren el peligro de quedarse en las fincas sin poder ser recolectados; hay agricultores que han labrado superficies de hortaliza por la falta de esos trabajadores y hay agricultores que se van a inclinar por ir a cultivos extensivos para no tener que depender de esa mano de obra asalariada".

UAGN explicó que "desea y exige que todo el mundo que de verdad necesite la ayuda la tenga, pero no podemos tolerar el fraude en el cobro de esas subvenciones. Se rechaza el trabajo. Hoy una persona que cobra Renta Garantizada, parte de la base de 610 euros, cerca de 1.000 si son dos personas, con ayudas de alquiler, escolarización y dinero que no tributa".

Réplica

La polémica resucitó hace unos días porque un vocal del Consejo Regulador del pimiento del piquillo de Lodosa aseguró en Diario de Navarra que la comercialización de este producto estaba en riesgo porque los temporeros solo querían trabajar las jornadas que les permitían seguir con las ayudas.

Berta García, Rosalía Bona, Iban Pérez y Oskar Goldaratz, del sindicato LAB, han replicado a esta acusación y recuerdan que "muchos empresarios se aprovechan de la vulnerabilidad en la que deja la Ley de Extranjería a miles de personas trabajadoras para ocuparlos de manera muy precaria o directamente para explotarlos. El campo navarro, en demasiadas ocasiones, se caracteriza por no aplicar el convenio que regula las condiciones de trabajo en este sector".

      Sector agrícola. 

"De ahí las interminables jornadas de trabajo de sol a sol, los salarios basados en el trabajo a destajo en lugar de por hora trabajada, el incumplimiento de los descansos diarios y semanales así como de las vacaciones pagadas y la ausencia de cualquier medida de prevención de riesgos laborales a pesar del manejo de productos químicos cancerígenos, la exposición a temperaturas extremas y el extremo esfuerzo físico", añaden.

LAB dice que no se puede "obviar que el agrario tiene una cotización a la seguridad social por jornada real, que conlleva estar de alta todo el mes, aunque solo trabajen y cobren 14 días, y que el resto del tiempo no se puede cobrar paro porque se mantiene vigente el alta en la S.S, es no querer ver que una persona trabajadora no puede cubrir sus necesidades básicas como comer, pagar el alquiler o comprar un paquete de medicamentos porque cobra 500 euros al mes".

Ni "obviar que los temporeros cobran a 7,39 euros la hora cuando la jornada anual para una trabajador estable es de 1.755 horas, y que los temporeros se quedan muchas veces por debajo del salario mínimo interprofesional es negar las evidencias más elementales de por qué el campo navarro se queda sin trabajadores".

Desde LAB aseguran estar hartos "de este tipo de discursos racistas, cercanos a los discursos de odio que provocan la criminalización de una parte de la población, y obvian que la pobreza, la precariedad y la explotación laboral no es un problema individual sino que son problemas estructurales, consecuencia del actual modelo de desarrollo económico y social, absolutamente injusto e insostenible".

"Basta de excusas y cortinas de humo para esconder la realidad del campo navarro. Lo que se necesita es un gobierno que apueste por la dignidad de las personas que vivimos y trabajamos en Navarra y una Inspección de Trabajo que realmente haga lo que debe: garantizar el cumplimiento de leyes y convenios laborales así como la normativa de prevención de riesgos laborales", añaden.