Drama silencioso en Navarra: 25.000 viviendas vacías y 350 desahucios anuales

Navarra es una de las comunidades donde más vivienda VPO para alquiler se construye y uno de los territorios que se ha situado en la vanguardia en políticas del ramo tras haber realizado un censo de casas vacías.

El Gobierno de María Chivite ha identificado alrededor de 3.000 viviendas vacías pero el sindicato ELA no tiene la misma opinión. La central asegura en su informe 'El problema de la vivienda en Hego Euskal Herria: diagnóstico y alternativas' que en la Comunidad Foral existen alrededor de 25.000 casas y pisos sin habitar.

Sin acceso a la vivienda

Denuncia ELA que en Navarra hay decenas miles de personas, sobre todo mujeres, jóvenes y personas racializadas que no pueden acceder a una vivienda, "ya que la vivienda es concebida como un elemento de especulación y no como un bien de necesidad", opinan.

El sindicalista Aitor Murgia destacó la carestía tanto de la vivienda de alquiler como de la que está en venta y afirmó que "el colectivo que más está sufriendo estos altos precios de la vivienda es el de los jóvenes, donde la edad media de emancipación ha superado los 30 años".

"Después de la crisis del 2008 las condiciones de financiación por parte de los bancos se han endurecido y la necesidad de ahorro en un contexto de precariedad laboral expulsa a muchas personas de poder comprar una casa", añade.

Su compañera Saioa Urriza propuso "garantizar por ley el derecho subjetivo a la vivienda, impulsar el alquiler frente al modelo de compra-venta, la limitación de los precios del alquiler, obligar a destinar las viviendas desocupadas a alquiler, paralizar los desahucios, la limitación y control de las viviendas turísticas y aumentar el gasto público en vivienda al 2% del PIB, ya que Navarra está a la cola europea en dotaciones presupuestarias para vivienda: mientras que la media europea es del 0,6% del PIB, aquí se destina el 0,29%. En definitiva, entender la vivienda como un bien social y no como un bien especulativo".

Navarra pide viviendas de la Sareb

Dos gobiernos socialistas, Navarra y Comunidad Valenciana, han pedido al Gobierno estatal que les permita utilizar las viviendas públicas de la Sareb, el 'banco malo' que digirió los activos inmobiliarios tóxicos tras la crisis de 2008.

Los vicepresidentes y consejeros de Vivienda de Navarra y de la Comunidad Valenciana José María Aierdi y Héctor Illueca, de Geroa Bai y Podemos respectivamente, reclamaron para las autonomías la gestión de las viviendas de la Sareb con la finalidad de que estos pisos, la mayoría de ellos en desuso, puedan movilizarse en el mercado de alquiler protegido o asequible o pasar directamente a engrosar el parque público de vivienda.

Ambos dirigentes pidieron al Ejecutivo central "que mueva ficha para poner los activos inmobiliarios de la Sareb al servicio de las necesidades sociales y de la demanda de vivienda de alquiler asequible que se ha disparado en estos últimos años o para evitar actuaciones especulativas por parte de fondos de inversión".

Viviendas vacías. 

Explica el Gobierno foral que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) fue creada para administrar los activos inmobiliarios problemáticos de los bancos que recibieron ayudas públicas durante la última crisis del sistema financiero.

La propia Sareb contabiliza unas 45.000 viviendas en el conjunto del Estado, 8.000 de ellas ubicadas en la Comunidad Valenciana y en la Comunidad Foral apenas se cuentan medio centenar, aunque el Ejecutivo navarro ha realizado gestiones con las propias entidades financieras para que puedan incorporarse al parque público de vivienda o a la bolsa de alquiler social de pisos cedidas.

Algunos éxitos de Navarra en materia de Vivienda

El Ejecutivo foral activó en 2018, con la aprobación de la Ley Foral de Derecho Subjetivo a la Vivienda, los programas EmanZipa y David, con objeto de favorecer la emancipación de los y las jóvenes y respaldar a las familias con bajos ingresos que abonan un alquiler en el mercado libre, siendo Navarra una de las Comunidades pioneras en aprobar una normativa que, por primera vez, permitía conceder ayudas directas al alquiler.

Desde la puesta en marcha de EmanZipa, explica el Ejecutivo foral, 5.200 personas, de entre 23 y 31 años de edad, han contado con subvención para el pago de la renta, con una subida del 7% desde el inicio. Con motivo de la pandemia del COVID-19 se ofreció la opción de acceder a esta ayuda, sin la necesidad de acreditar la edad, a personas en situación de desempleo, en situación de expediente regulación de empleo, o receptores de ayudas a autónomos. Bajo esta casuística se recibieron 136 solicitudes en 2021 y 100 en 2020, la mayoría de personas sin empleo.

Las personas jóvenes que reciben esta ayuda individual tienen en su mayoría entre 27 y 29 años e ingresos de entre 15.000 y 18.000 euros al año. Cabe recalcar, que el 62,44% de las solicitudes corresponden a mujeres, con unos ingresos de media inferiores en más de un 9% a las de los hombres.