03 de diciembre de 2022
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FIN DE SEMANA

El vicepresidente del Banco Central Europeo habría informado sobre la caída de la entidad a compañías públicas para que retiraran su dinero

La querella “oculta” del caso Banco Popular: El silencio sobre el presunto fraude de Guindos

El Cierre Digital en Luis de Guindos.
Luis de Guindos. / Vicepresidente del Banco Central Europeo.
El vicepresidente del Banco Central Europeo ha sido acusado en una querella de delitos de estafa, defraudación y prevaricación, entre otros. El escrito le acusa directamente de haber informado, presuntamente, sobre la caída del Banco Popular en el año 2017 a diversas entidades públicas para que retiraran el dinero antes de la venta simbólica de la entidad al Banco Santander por un euro. Una querella que fue dada a conocer en 2021 y que actualmente no parece tener demasiada repercusión.

En junio de 2017 se producía la caída del Banco Popular, que fue comprado por la cantidad simbólica de un euro por el Banco Santander. Aunque ya hace más de cinco años del suceso, la causa todavía se encuentra en los tribunales por presuntos delitos de estafa a inversores y por supuesto incumplimiento de los deberes de información a estos mismos por una ampliación de capital que se realizó en el año 2012.

Sin embargo, a pesar de que esta es la causa abierta más sonada —sobre todo ante la próxima declaración el 30 de noviembre de los ex altos cargos de la entidad bancaria—, no es la única vinculada al caso Banco Popular. En abril de 2021 Diario 16 informaba sobre una querella presentada contra Luis de Guindos, actual vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), entre otras personalidades. Una querella que, sin embargo, no está teniendo demasiada repercusión.

Junto a De Guindos, fueron acusados por los querellantes el expresidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) José María Marín Quemada; el ex secretario de Estado de Seguridad Social Tomás Burgo Gallego; la ex secretaria general de Hacienda de la comunidad autónoma de Canarias Ana Isabel Solorzano Hernández; la exconsejera de Economía, Empleo y Hacienda de la comunidad de Madrid Engracia Hidalgo; el exteniente de alcalde de Barcelona Gerardo Pisarello; el presidente de la SAREB Jaime Echegoyen Enríquez de la Orden y algunos altos directivos de ADIF.

La retirada masiva que acabaría con el Banco Popular

A todos ellos se los acusa de presuntos delitos de defraudación, estafa, tráfico de influencias y prevaricación. Además de otros como el de infidelidad de custodia de documentos, violación de secretos y actividades prohibidas a los funcionarios públicos.

Antigua oficina del Banco Popular en proceso de integración con el Banco Santander.

Según se indica en la querella difundida por el diario anteriormente mencionado, la caída del Banco Popular estaría propiciada por una retirada de “5.742 millones de euros los días 1, 2 y 5 de junio”, que provocó “una súbita falta de liquidez”. La retirada de estas cantidades, “en gran medida por parte de entidades públicas”, se habría dado, según indica el escrito, por “la información que de forma privilegiada circuló en determinados círculos”.

Las retiradas a las que se refiere la querella son por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, la CNMC, el SAREB, la comunidad autónoma de Canarias, el Ajuntament de Barcelona, la comunidad autónoma de Madrid y ADIF. Todas ellas retiraron, presuntamente, entre estos días cantidades que iban desde los 174 millones de euros en el caso de ADIF hasta los 1.140 millones en el caso de la Tesorería General de la Seguridad Social. La CNMC —organismo adscrito al Ministerio de Economía de Luis de Guindos— habría retirado 1.000 millones de euros.

“La CNMC retiró de golpe toda su tesorería del Popular, 1.000 millones de euros, transfiriéndola a otras entidades en el mes de junio de 2017. Es evidente que esta acción, por sí sola, no supuso la caída del Popular, pero formó parte del desencadenante (…). En el caso de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, es más que cuestionable, no sólo por ser una institución pública sino, sobre todo, porque su consecuencia final no fue garantizar la libre competencia entre entidades financieras sino eliminarla”, explicaba el escrito, que añadía que dicha retirada “no podía ser debida más que a la información que tuviera su cúpula. Información privilegiada evidentemente porque no la tenían otros depositarios”.

Es esta última parte de la querella la que pone el foco en Luis de Guindos. “¿Quién podía informar a la cúpula de la CNMC de la inminencia de la resolución del Popular y de su venta al Santander por un euro? Evidentemente, el ministro Luis de Guindos ya que, como se ha dicho, la CNMC estaba dirigida por el ministro y los 10 consejeros eran sugeridos por el mismo Ministerio”, queda reflejado en el escrito.

A pesar de que la presidenta de la Junta de Supervisión del BCE, Daniele Nouy, afirmó que había “margen para que la Justicia española investigue esos movimientos”, el asunto no parece haber trascendido al mismo nivel que la ampliación de capital del año 2012.

Qué pasó con el Banco Popular

Fundado en 1926, el Banco Popular llegó a ser uno de los bancos más rentables del mundo. Durante los 90 y parte de los 2000, la entidad bancaria gozaba de buena salud. Gran volumen de activos, más de cuatro millones de clientes y préstamos baratos y accesibles la caracterizaban.

Sin embargo, en torno al año 2007 el Banco Popular decidió conceder una gran parte de sus créditos a empresas relacionadas con el negocio de la construcción, que estaba en auge. La economía sufría uno de sus momentos de bonanza gracias al ladrillo, pero la burbuja no tardó en explotar. El año 2008 fue el inicio de la crisis del ladrillo para España, y también el de los problemas para el Banco Popular, presidido por Ángel Ron.

Ángel Ron, en primer plano, entrando en la Audiencia Nacional.

Desde entonces, el Banco Popular intentó salir de la crisis, que a él mismo le acechaba por haber apostado por el ladrillo, con diversas ampliaciones de capital. Una de ellas, la anteriormente mencionada de 2012. Otra tuvo lugar cuatro años más tarde, en 2016. Se pretendían ampliar 2.500 millones de euros de capital. No salió bien.

Tan solo unos meses más tarde, la cifra de 2.500 volvía a repetirse, pero esta vez para los trabajadores, que tuvieron que irse a un ERE de forma voluntaria. El cierre de sucursales se unió al resto de problemas y Ángel Ron acabó dimitiendo en febrero de 2017. En abril las acciones costaban 60 céntimos y en junio el Banco Popular se convirtió en la empresa con menos valor de la bolsa.

El resultado final fue que el Banco Santander acabó comprando la entidad bancaria en una subasta por tan solo un euro. Con su adquisición, el banco presidido por Ana Patricia Botín se enfrentó a diversas sentencias en contra por las acciones del Banco Popular —como informamos desde elcierredigital.com—.

Más de cinco años después, el caso sigue pendiente, con diversas querellas por parte de sus antiguos accionistas, como la menos mediática contra el actual vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos.

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