25 de septiembre de 2021
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FIN DE SEMANA

El inminente endurecimiento de las penalizaciones por el Gobierno provoca 10.387 peticiones de retiro prematuro entre el funcionariado

Se disparan las jubilaciones anticipadas ante el temor a la reforma de las pensiones

José Luis Escrivá.
José Luis Escrivá.
Se disparan las peticiones de retiro voluntario entre los trabajadores públicos. La reforma de las pensiones que planea el Gobierno de Pedro Sánchez, así como el traspaso de las clases pasivas en la Seguridad Social en pleno confinamiento, acrecienta el recelo entre el funcionariado, que teme que sus condiciones de jubilación empeoren con la llegada de las nuevas medidas.

El temor a ver recortados sus derechos por la inminente reforma en materia de pensiones que planea el Gobierno de Pedro Sánchez y la inclusión de las clases pasivas en la Seguridad Social, ha provocado una "oleada" de jubilaciones anticipadas entre los funcionarios, tal y como ha denunciado este jueves el sindicato CSIF.

El ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, encabezado por José Luis Escrivá, detalló hace unas semanas los cambios en el sistema de pensiones que estudia con los agentes sociales de cara a la recepción de los fondos europeos. Más allá de los sistemas de actualización de las prestaciones, el Gobierno baraja además varios mecanismos para retrasar la edad efectiva de jubilación de los trabajadores. De hecho, el Ejecutivo pretende acercar la edad real a la edad legal y, para ello, apuesta por desincentivar los retiros anticipados y promover que las personas sigan trabajando tras los 67 años, una decisión que se traducirá fundamentalmente en dos medidas: pagar hasta 12.000 euros a quienes decidan seguir trabajando después de su edad de jubilación y endurecer las penalizaciones en caso de aquellos trabajadores que se retiren antes.

Ello, sumado a la inclusión de las clases pasivas en la Seguridad Social, es decir, del régimen específico de pensiones de jubilación de los funcionarios, que hasta hace un año se gestionaba desde el Ministerio de Hacienda, dispararon las peticiones de retiro voluntario entre los trabajadores públicos.

Dos jubilados pasean de la mano. 

El Régimen de Clases Pasivas del Estado afecta, principalmente, al personal militar y a funcionarios de la Administración General del Estado, de la Administración de Justicia, de las Cortes Generales y de otros órganos constitucionales o estatales, así como a los funcionarios transferidos a las comunidades autónomas. Su trasvase se publicó en el Real Decreto 15/2020, en pleno confinamiento y bajo el paraguas genérico de "medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo". Entonces, el Gobierno justificó la tramitación "extraordinaria y urgente" porque el calendario previsto se había visto afectado por la crisis sanitaria, lo que generaría "inseguridad jurídica e incertidumbre en una materia particularmente sensible para el conjunto de la ciudadanía". No obstante, a la vista del resultado, el efecto ha sido todo el contrario.

Y es que las peticiones de jubilación anticipada entre los posibles funcionarios afectados alcanzaron en 2020 las 10.387, un 26 por ciento más que en 2019, un notable incremento que es especialmente relevante en el caso del sector educativo, que con más de 8.000 jubilaciones representa el 80 por ciento de los adelantos concedidos. Asimismo, 263 las protagonizaron funcionarios del Ministerio de Justicia, área en la que aumentaron un 97 por ciento, y otras 32 corresponden al ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de las que doce fueron en la Policía, once en las Fuerzas Armadas y nueve en la Guardia Civil.

A diferencia de los trabajadores adscritos al régimen general, los funcionarios incluidos en el Régimen de Clases Pasivas se pueden retirar de forma anticipada a los 60 años de edad si acreditan 30 años de servicios al Estado y, en determinados casos, sin el coeficiente reductor del importe en la pensión que negocia estos días el ministro de Seguridad Social. Así, y aunque en teoría las condiciones de jubilación parece que no van a cambiar para ellos, lo cierto es que los funcionarios no parecen confiar en que permanezcan inmutables a la vista de las reformas que va a vivir el sistema en los próximos años.  

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