Los escándalos de amaño de Indra con la aprobación de Hacienda y la Seguridad Social

La  Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) junto a la Seguridad Social permitieron a la empresa tecnológica Indra participar en la redacción de pliegos de concursos que la misma empresa amañaría junto a otras compañías formando así un cártel en el que se repartían y encarecían de manera artificial lo contratos públicos en el negocio de la informática y el tratamiento de datos.

De esta manera la Comisión Nacional de los Mercados y competencias (CNMC) ha sancionado a Indra y otras diez empresas del sector pertenecientes a dicho cártel, que estuvo vigente durante quince años, con un total de 29,9 millones de euros. El fraude ha afectado como el Instituto Cervantes, la  Universidad de Barcelona y los ministerios de Interior y Educación. Este fraude ha podido desarticularse gracias a una denuncia anónima.

La resolución de la CNMC, que se publicó el pasado miércoles, criticaba que "en numerosas ocasiones la Administración ha recurrido a las empresas (especialmente Indra y SAG) para que le ayuden en el diseño de los pliegos" poniendo de manifiesto, según su opinión, una "clara intención de manipular el procedimiento con un único objetivo, mantener las posiciones en los sucesivos contratos".

Un ejemplo claro del fraude, es el contrato de "Servicios de desarrollo y mantenimiento de sistemas y aplicaciones de administración electrónica en el departamento de informática tributaria de la AEAT" ya que se adjudicó sendas uniones temporales de las empresas participadas por Indra y la empresa alemana SAG. La empresa española, se hizo con el segundo lote de contratos en abril de 2015 por 7.804.259,94 euros. Según la Comisión queda patente en un correo electrónico que intervino el organismo, su participación en la redacción de pliegos. "Hemos elaborado los perfiles junto con el cliente y en el pliego han puesto exactamente los modelos que nosotros les enviamos".

Otro ejemplo clarividente de la participación de Indra en la elaboración de los pliegos, es en el contrato para "Realización del desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones informáticas de las Entidades Gestoras, Servicios Comunes e Intervención General de la Seguridad Social, mediante la prestación de los servicios de análisis, diseño, construcción, pruebas y documentación de aplicaciones", que se adjudicó en octubre de 2013 a la UTE, que estaba formada por Sindra y SAG, por un total de 33.438.111,09 euros.

La administración, aparentemente, estaba al corriente de todo

La consejera de la CNMC, Pilar Canedo, "suscribe en su totalidad la descripción de los hechos probados y considera que acreditan rotundamente la existencia de infracción" destacando además que muchos párrafos que se han recogido en la solución, apuntan a una posible participación de la administración en varios de los contratos repartidos por las empresas.

Canedo ha utilizado estos correos, junto a otros dos más, que probarían que la administración ‘’tienen en su poder los pliegos de contratación con que está trabajando la entidad", por ello ha emitido un voto en el que afirma que la misma administración además sería conocedora del reparto de mercado.

En base a los hechos expuestos, Canedo entiende que se permite considerar, en base a la jurisprudencia existente, "considerar que las diferentes personificaciones de la administración habrían podido realizar conductas de facilitación del cartel entre las empresas, por lo que debería habérseles incluido en la incoación".

Recordemos que Indra es una empresa del Ibex35 que está vinculada a los principales casos de corrupción del PP como Púnica o Lezo.  La empresa ha confirmado que recurrirá la sanción ante la Audiencia Nacional ya que han considerado que la decisión no se ajusta a Derecho, por exceso en la calificación de los hechos y desproporción en la sanción".

Según han admitido fuentes del grupo, la multa que se le ha impuesto (13,5 millones) a la compañía supone el 0,73% de su facturación en España en el pasado año 2017 (1.833 millones). De esta misma manera a la empresa alemana Software AG le corresponden 6 millones de multa, y finalmente a Atos 5 millones.

El resto de multas ha correspondido a Connectis ICT (1,8 millones y un tipo sancionador del 4,3%), IBM (940.000 euros y un tipo del 0,59%), Everis (800.000 euros), Babel Sistemas (633.000 euros), Cibernos Consulting (616.038 euros, un tipo del 2,4%), Gesein (320.000 euros), Accenture (300.000 euros) y Next Computer (46.720 euros).