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Imagen de un supermercado con un pasillo lleno de productos en los estantes, en primer plano se ve una botella de aceite de oliva con aceitunas y ramas de olivo, y en la parte superior derecha hay dos logotipos de supermercados, uno de Alcampo y otro de Carrefour.
ECONOMÍA

Carrefour y Alcampo, en el punto de mira por lo que han hecho con su aceite de oliva

Las principales cadenas de supermercado han sido objeto de crítica tras lo ocurrido con su aceite de oliva

Las cadenas de supermercados como Carrefour y Alcampo vuelven a ser protagonistas de una polémica significativa tras la denuncia presentada por FACUA-Consumidores en Acción.

La organización ha acusado a estos supermercados de inflar ilegalmente los precios del aceite de oliva, calificando esta práctica como un "fraude masivo a los consumidores".

FACUA ha analizado los precios del aceite de oliva en diferentes puntos de venta, encontrando diferencias alarmantes de hasta 4,67 euros por litro para el mismo producto, dependiendo de la ciudad y el supermercado en cuestión.

Rubén Sánchez, portavoz de FACUA, afirmó que estas prácticas violan las normativas vigentes y perjudican gravemente a los consumidores, quienes ya enfrentan un incremento significativo en el costo de vida.

Imagen de fondo de una persona con una botella de aceite en la mano en un supermercado y otra imagen de una mano con varios billetes de euro
FACUA denuncia a las cadenas por subir el precio del aceite de oliva | Getty Images Signature

¿Por qué FACUA considera esto un "fraude masivo"?

La principal razón por la que FACUA considera que se trata de un "fraude masivo" radica en la manipulación de los precios en un producto esencial como el aceite de oliva.

Según la asociación, los supermercados han aprovechado la reducción del IVA sobre este producto para aumentar sus márgenes de ganancia de manera desproporcionada y sin justificación real.

Esta práctica no solo contraviene las leyes de defensa del consumidor, sino que también afecta a los agricultores y productores, quienes no están recibiendo un pago justo por su trabajo.

FACUA ha señalado que mientras el precio del aceite de oliva ha aumentado un 55% en los últimos doce meses, el precio en origen ha disminuido.

Esto significa que los beneficios adicionales no se están distribuyendo equitativamente a lo largo de la cadena de suministro, sino que están siendo absorbidos por los grandes distribuidores.

Montaje de un anciano y una cucharada de aceite de oliva
FACUA considera que se trata de un "fraude masivo a los consumidores" | Pixelshot, kleiness

La situación actual del aceite de oliva en España

El mercado del aceite de oliva en España está atravesando un momento complicado. El incremento de los precios en los supermercados ha puesto en aprietos a muchos consumidores, especialmente en un contexto económico ya de por sí desafiante.

Según FACUA, en julio de 2023, el precio medio de un litro de aceite de oliva virgen extra era de 8,41 euros. Un año después, el precio ha ascendido a 12,96 euros por litro, una subida que resulta insostenible para muchas familias.

Además, las diferencias de precio entre distintas ciudades son notables. Ciudades como Sevilla y Linares presentan los precios más altos, a pesar de estar cerca de los centros de producción, mientras que en Ourense y Pontevedra se encuentran los precios más bajos.

Esta disparidad evidencia la falta de regulación efectiva y el aprovechamiento comercial de las grandes cadenas de distribución.

Hombre pensativo en un campo de olivos con una imagen de aceite de oliva vertiéndose en un círculo rojo.
El mercado del aceite de oliva está atravesando un momento complicado | Syda Productions, pau_noia0 de pixabay, ToniFlap

¿Qué pasos tomará FACUA?

FACUA ha manifestado su intención de llevar esta denuncia ante el Ministerio de Consumo, esperando que se tomen medidas contundentes contra estas prácticas abusivas.

Rubén Sánchez ha enfatizado la necesidad de una mayor vigilancia y sanciones para evitar que los consumidores sigan siendo perjudicados. 

La organización también ha hecho un llamado a las autoridades competentes, tanto a nivel estatal como autonómico, para que ejerzan sus poderes sancionadores y protejan los derechos de los consumidores.

Según el artículo 47 del decreto ley de diciembre de 2022, las comunidades autónomas tienen la capacidad de imponer sanciones en defensa de los derechos del consumidor, una acción que FACUA espera ver implementada con urgencia.

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