El Juzgado de Instrucción número 36 de Madrid ha admitido a trámite la querella presentada por la cadena hotelera Riu contra algunos de los altos mandos del Ministerio de Transición Ecológica –en estos momentos liderado por la ministra Teresa Ribera–.
Concretamente, la querella acusa de un presunto delito de prevaricación a la directora general de la Costa y el Mar, Ana Oñoro Valenciano; a la subdirectora general de Dominio Público Marítimo-Terrestre, Ainhoa Pérez Puyol; y al secretario general técnico del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Jacobo Martín Fernández.
La querella fue interpuesta en relación a los expedientes de los hoteles Riu Oliva Beach y Riu Palace Tres Islas, ubicados en Fuerteventura. En este sentido y, entre distintas prácticas de diligencia documental, el Juzgado ha solicitado el expediente de autorización de obras de reforma del complejo Riu Oliva Beach así como los expedientes de concesión otorgados a ambos hoteles.
El órgano judicial destaca que, tras analizar los hechos que se relatan en la querella y la documentación aportada, concurren todos los elementos que, debidamente acreditados por los medios legalmente previstos, podrían integrar el delito que se denuncia.
La propiedad de ambos establecimientos entiende que se ha actuado de mala fe por parte de los querellados, de forma que se ha podido cometer un presunto delito de prevaricación al haber realizado una persecución manifiesta y no acorde con los derechos consolidados y a las autorizaciones administrativas otorgadas.
Las mejoras del Riu Oliva Beach
El hotel Riu Oliva Beach se construyó sobre terrenos particulares comprados por inversores alemanes en los años 70, dentro de lo que después se conocería como Dominio Público Terrestre. En 1992 se empezó el deslinde de ese tramo de costa. La Ley de Costas 1988 permitía a los dueños sobre los que se asentaban permanecer como concesionarios. Evidentemente, pagando. En el caso de Riu, éste desembolsa dos millones de euros al año divididos en pagos cada seis meses de 998.000 euros.
Riu Oliva Beach, en Fuerteventura. | El Cierre Digital
En 2016 se renovó por 75 años la concesión a Riu, pero la empresa entendió que el hotel necesitaba mejoras. Por ello solicitaron a la delegación de Costas, en la provincia de Las Palmas, el pertinente expediente de licencia el 4 de diciembre de 2017. Se pretendían iniciar los trabajos el 4 de enero de 2018, pero la inestabilidad política y las diferentes trabas administrativas sobre el titular de la competencia en este asunto, han hecho que prácticamente seis años después las obras no se hayan podido iniciar. Aunque tenían previsto iniciarse este mes de octubre, fueron paralizadas.
Cuantiosa inversión y ampliación de plantilla
Según ha podido saber este diario, la inversión que está prevista por la compañía hotelera Riu para la remodelación del establecimiento asciende a 40 millones de euros, y una vez concluido el proyecto la previsión es ampliar la plantilla en unos 50 trabajadores.
Las instituciones públicas de Fuerteventura, conjuntamente con el expresidente de Gobierno Canario, Ángel Víctor Torres —ahora sustituido por Fernando Clavijo—, exigieron en su día al Ministerio agilizar el expediente que permitiera rescatar los puestos de trabajo. Además de la participación de los trabajadores quienes, con igual incertidumbre que la empresa hotelera, esperaban con ansia el informe para "poder actuar". Situación que los ha llevado a realizar continuas protestas en Fuerteventura, Las Palmas de Gran Canaria y Madrid.
Sin embargo, las demoras en las reformas han tenido sus consecuencias, provocando que se tramitara un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectó a una plantilla de 400 trabajadores.
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