Desde Podemos se propone una legislación específica contra las empresas de desocupación
La ocupación ilegal es un problema en crecimiento en nuestro país, y cada vez son más las personas propietarias de segundas residencias que tienen el temor de que estos inmuebles puedan ser “okupados” de manera ilegal.
Según datos del Ministerio de Interior, la evolución de las “okupaciones” ilegales está siendo imparable, pasando de una media de 2.200 okupaciones anuales en 2010, a casi 20.000 a finales de 2022. A día de hoy, se estima que hay más de 100.000 viviendas ocupadas de manera ilegal en España y, el problema es que lejos de decrecer, estos datos están experimentando una tendencia alcista realmente preocupante.
Esta situación ha provocado el auge de las empresas de desocupación en España, como solución a esta problemática que está afectando a miles de personas en nuestro país, especialmente desde la pandemia.
Una de ellas es Grancandesokupación, una empresa desokupa en Canarias líder en el sector, que cuenta con profesionales expertos en negociación y se caracteriza por aplicar los métodos de desalojo más eficaces, garantizando en todo momento el cumplimiento de todas las normativas que exige la Ley vigente.
Desde Grancandesokupación se encargan de cualquier detalle que pueda aparecer a lo largo de todo el proceso, de principio a fin, permitiendo recuperar una propiedad ocupada en un plazo de 24 a 72 horas en función de las características de cada caso. Con más de 5 años de experiencia y más de 100 clientes satisfechos, es una opción a la que cada vez están recurriendo personas de las 8 islas del archipiélago para recuperar sus inmuebles okupados.
Jaque a las empresas “antiokupas” desde Podemos
Ante el auge de estas empresas que están consiguiendo unos excelentes resultados en cuanto a desalojos, desde Podemos se ha propuesto modificar el artículo 245.2 del Código Penal sobre el delito leve de usurpación, con el objetivo de establecer un delito para aquellas personas o empresas que intimiden o discriminen a personas en situación de vulnerabilidad, con penas de hasta 4 años de prisión. Una propuesta que ha sido encabezada por la actual ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, y que claramente está destinada a combatir la actividad de las empresas de desokupación.
Hasta ahora, en nuestro país, usurpar una vivienda puede ser condenado con tan solo una multa, y hasta con dos años de prisión el allanamiento de morada. Mientras que, con esta propuesta de la ministra de Derechos Sociales, se pretende que empresas de desocupación como Grancandesokupación puedan ser sancionadas con penas de hasta cuatro años de cárcel.
La ocupación ilegal es un problema
Es cierto que son muchas las familias que tienen serias dificultades para acceder a una vivienda y experimentan situaciones realmente complicadas. Pero, la ocupación de viviendas por la vulnerabilidad de una familia no es la solución, sino un problema que va en crecimiento y, al que parece que desde el Gobierno se esfuerzan por poner trabajas a la hora de buscar soluciones.
La realidad es que son miles los propietarios españoles que tienen sus inmuebles ocupados de forma ilegal y que sienten sensación de abandono por parte del estado de derecho, ya que, tal y como podemos observar cada día en los periódicos e informativos, los procesos de desahucio llegan a alargarse varios años.
Mientras tanto, los propietarios de los inmuebles tienen que dejar que los okupas vivan en sus viviendas sin poder hacer nada al respecto. Y no solo eso, sino que además tienen que hacerse cargo de los gastos de suministro, así como de abogados, procuradores, cerrajeros, etc., e incluso de los posibles desperfectos que hayan podido ocasionar los okupas mientras han estado viviendo en los inmuebles.
Una situación incomprensible que miran atónitos desde otros países como Francia, Alemania o Inglaterra, y que a los problemas que hemos comentado, hay que sumar la proliferación de mafias de ocupación, que se lucran de personas sin recursos, a las que les ofrecen la posibilidad de vivir en una vivienda de manera ilegal.
Por todo ello, es totalmente entendible que sean muchos los particulares afectados que recurran a empresas de desocupación, con el objetivo de encontrar una solución que no encuentran en la justicia a una situación frustrante e insostenible con el paso del tiempo. Unas empresas que consiguen desokupar de manera totalmente legal, con una gran eficacia, permitiendo a los propietarios recuperar sus viviendas y, lo más importante, dejar a un lado las preocupaciones que sufren a lo largo de estos procesos.
Y, en lo que hay que poner el énfasis es en que este tipo de empresas desokupas no existirían si no fuera por el problema de ocupación que estamos viviendo en nuestro país, donde cada año aumenta el número de viviendas okupadas a lo largo de toda la geografía española, con el valor añadido de que los procesos de desahucios cada vez se alargan más en el tiempo.
