Cambios del 'nuevo Vaticano' del Papa Francisco: Inclusión feminista y apertura social

En un año considerado 'clave' para el Vaticano y en especial para la Conferencia Episcopal, los cambios continúan en el seno del pontificado. En su camino por ‘modernizar’ o ‘adaptar’ la Iglesia Católica a los tiempos y corrientes sociales actuales,  el Papa Francisco ha instado a las carmelitas descalzas a buscar nuevos lenguajes y caminos para impulsar la vida contemplativa, señalando que su vocación “debe dar calor a la Iglesia y al mundo, en lugar de simplemente custodiar cenizas”, como metáfora para evidenciar la necesidad de la Iglesia Católica por ‘acercarse’ a la sociedad para preservar su influencia desde otras vías. 

En una reunión mantenida el pasado jueves, el Pontífice recordó que la vida monástica “no debe ser una forma de inercia espiritual, sino que debe impregnar toda la existencia y expresarse en cada gesto y acción cotidiana”, lo que  desde el Vaticano se ha interpretado como una llamada a la ‘apertura social’ a las Carmelitas Descalzas. 

En este sentido, el Papa  ha advertido a las Carmelitas Descalzas contra las actitudes “defensivas y nostálgicas que obstaculizan el crecimiento y la vitalidad de la vida contemplativa”, instando a mantener encendida la llama de la vocación de manera siempre nueva.

Como viene informando elcierredigital.com, el pasado 2023 fue un año lleno de cambios en la Iglesia Católica orientados hacia el progresismo y la integración social. El mensaje del Papa Francisco es claro. Lo que se busca es la "unidad en la diversidad". Lo ha repetido en diversos contextos y resume el anhelo del Papa argentino para una “Iglesia del futuro más inclusiva”. 

Como parte de esta estrategia por construir una Iglesia más inclusiva, el Papa Francisco ha debatido en los últimos años sobre cuestiones que ponen en entredicho la estructura tradicional de la Iglesia, como el acceso de las mujeres al diaconado y la inclusión de la comunidad LGTBIQ+, los divorciados que vuelven a casarse y los hombres casados que quieren ser curas, entre otros temas considerados ‘tabú’ en el Vaticano hasta la llegada de Francisco.

Como parte de esta “apuesta” por una Iglesia Católica más inclusiva y abierta a los tiempos modernos, el Papa Francisco creó 21 nuevos cardenales  de la Iglesia durante un Consistorio Ordinario Público que celebró el pasado 30 de septiembre en la basílica de San Pedro, en el Vaticano, entre ellos, tres españoles: el arzobispo de Madrid, José Cobo -sobre el que ya informó elcierredigital.com-, el rector mayor de los Salesianos, Ángel Fernández Artime, y el obispo de Ajaccio (Córcega), el español Francisco Javier Bustillo.

En lo relativo a la Iglesia Católica en España, la Conferencia Episcopal afronta un año clave para el futuro de la institución ante las polémicas por abuso sexual dentro de la Iglesia. Al mismo tiempo, se prepara para la ‘reparación’ de las víctimas tras la llegada a la presidencia del arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, y la elección como vicepresidente del arzobispo de Madrid, Luis Cobo.

Los retos de la Iglesia en un año clave para la Conferencia Episcopal

El presente 2024 se presentó desde su inicio como un año crucial para el futuro de la Conferencia Episcopal Española, que atraviesa tiempos aciagos, especialmente tras la revelación de numerosos casos de abuso sexual a menores en el seno de la institución en España.

El Sumo Pontífice, Jorge María Bergoglio, congregó a inicios del pasado mes de noviembre a los obispos españoles en una reunión extraordinaria en Roma cuyo único punto del día era la preocupante caída de vocaciones en España,  cuyos 45 seminarios impartían claves a 1.699 aspirantes a religiosos hace una década y ahora lo hacen a apenas 974 seminaristas. 

Aun así, el telón de fondo de la reunión fueron dos asuntos: las próximas elecciones en la Conferencia Episcopal, liderada entonces por el turolense Juan José Omella, que fue sustituido el pasado mes de marzo por el arzobispo de Valladolid Luis Argüello y que en sus casi cuatro años de mandato no otorgó el giro progresista a la institución pretendido por Francisco; y el debate sobre la pederastia en el seno de la Iglesia, que afecta directamente a la Conferencia Episcopal española. 

Un informe del Defensor del Pueblo aseguró a finales del pasado 2023 que existen más de 440.000 víctimas en el ámbito religioso y 234.000 abusos cometidos por parte de sacerdotes y religiosos desde 1950. En un informe de 777 páginas, nutrido por 487 entrevistas a víctimas, se subraya que más del uno por ciento de la ciudadanía española habría sufrido abusos en el seno de la Iglesia, según una encuesta de GAD3. 

La Iglesia puso el grito en el cielo, ya que ‘apenas’  reconoce a 927 víctimas de 728 abusadores en el mismo periodo. Los obispos se abrieron a indemnizar a víctimas, incluso si éstas no tienen sentencia judicial que refrende su testimonio, y encargaron un informe al despacho Cremades & Calvo Sotelo. 

El informe reveló un aumento en el número de denuncias y víctimas de abuso sexual en el ámbito religioso, con 1.383 denuncias y 2.056 víctimas. Los obispos, sin embargo, cuestionaron estas cifras y argumentaron que son más bajas, al considerar que algunas denuncias están duplicadas y que los abusos en la Iglesia son escasos en comparación con la sociedad en general. 

La respuesta desde la Conferencia Episcopal respecto a la gestión de las indemnizaciones a las víctimas fue escasa hasta que llegaron las mencionadas elecciones del pasado 4 de marzo. Finalmente, el arzobispo de Valladolid Luis Argüello, fue elegido como presidente de la Conferencia Episcopal Española en la primera votación con una mayoría abrumadora de 48 votos, sustituyendo a Juan José Omella. 

También se eligió como vicepresidente a José Cobo en una segunda votación. A pesar de las críticas por su gestión de los abusos sexuales en la Iglesia, Argüello se comprometió a dialogar con las víctimas y prometió impulsar la transparencia y la escucha en la institución. 

En este sentido,  la Conferencia Episcopal está considerando medidas para reparar a las víctimas, como la creación de un fondo de compensación de 50 millones de euros. Sin embargo, hay discrepancias en las cifras presentadas por diferentes investigaciones, lo que dificulta su comparación.