20 de mayo de 2024
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FIN DE SEMANA

La entidad tendrá que volver a repartir 64 millones de euros mientras que el cantante debe pagar 2,5 millones por el IRPF de lo ganado en 3 años

Los derechos de autor, bajo la polémica: Del 'lío' de la SGAE a los impagos de Joaquín Sabina

Sociedad General de Autores y Editores (SGAE)
Sociedad General de Autores y Editores (SGAE)
El Juzgado de lo Mercantil número 16 de Madrid anuló el pasado martes el reparto económico que la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) hizo entre 2015 y 2018 a 40.000 artistas por los beneficios generados por la emisión de sus obras en programas de televisión. La sentencia afecta a unos 64 millones de euros en pagos por estos derechos. Por otro lado, el cantante Joaquín Sabina tendrá que pagar 2,5 millones de euros por el IRPF de lo ganado en derechos de autor en tres años diferentes.

El Juzgado de lo Mercantil número 16 de Madrid anuló el pasado martes el reparto económico que la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) hizo durante años a aproximadamente 40.000 artistas por los beneficios generados por la emisión de sus obras en programas de televisión, según han confirmado diversos medios de comunicación en los últimos días.

La sentencia afecta a unos 64 millones de euros en pagos por estos derechos, según una estimación del abogado que ha ganado el caso, Miguel Ángel Ramos Jiménez. Ramos Jiménez, que ha investigado el controvertido sistema de reparto apodado 'la rueda', ha reprochado a la SGAE que para imponer sus criterios de reparto mantuvo durante años unos acuerdos que la Justicia había anulado.

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Marta Beca, actual secretaria general de la SGAE

La SGAE tiene como objetivo la defensa y la gestión de los derechos de los autores por medio de la recaudación y cobro de las obras empleadas por personas ajenas a los creadores, una acción que llevan a cabo cada seis meses.

El origen del controvertido caso se encuentra en los acuerdos que la Junta Directiva de la SGAE alcanzó en 2015 y que fueron anulados por la Justicia menos de dos años después. Un acuerdo para cuantificar el reparto de los derechos por emisión de obras. Según ha relatado una investigación realizada por el diario El País, a lo largo de los años siguientes, la Asamblea General promovió cambios y reformas que se basaban en esos acuerdos nulos, entre ellos los que derivaron en el reparto de regalías por estos derechos de emisión en televisión.

El Juzgado de lo Mercantil número 16 de Madrid entendió que todos esos acuerdos de reparto firmados por la Junta Directiva de la SGAE entre 2015 y 2018 son “inválidos”, sin que todas las modificaciones estatutarias posteriores consigan arreglar los problemas legales que el reparto acarreaba desde entonces.

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SGAE

Según lo reflejado en la sentencia, la primera anulación firmada por los tribunales, al entender que la dirección de la SGAE se había extralimitado, arrastra al resto de acuerdos de los años siguientes: “No puede recurrirse al burdo expediente de aprobar un 'racimo' de sustituciones del acuerdo inicial impugnado, al objeto de forzar a los socios a la onerosa carga de ir impugnando, una a una, todas y cada una de las revalidaciones, sustituciones y renovaciones de la misma decisión que los Tribunales ya han invalidado”, refleja la sentencia publicada contra la SGAE.

La sentencia todavía es recurrible pero da la razón al grupo editorial Tele5 y a Música Aparte (editorial ligada al grupo Atresmedia), condenando a la SGAE a rehacer todos los acuerdos de reparto desde junio de 2015 hasta diciembre de 2018, además de a pagar a las dos empresas demandantes las cantidades que les hubieran correspondido con los intereses generados en casi una década.

Sabina tendrá que pagar por derechos de autor

De forma paralela a la sentencia publicada en relación a la SGAE, el Tribunal Supremo (TS) inadmitió el pasado 2 de agosto el recurso del cantautor Joaquín Sabina contra la sentencia de la Audiencia Nacional que confirmó que debía pagar 2,5 millones de euros por el IRPF de los años 2008, 2009 y 2010, en concepto de derechos de autor, cedidos en su totalidad a empresas familiares. No existe la posibilidad de presentar recurso contra la decisión, ya que las cuestiones planteadas “han de entenderse esencialmente resueltas” en la jurisprudencia del alto tribunal, según la providencia emitida por los magistrados.

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Joaquín Sabina

El tribunal no ha apreciado un interés “casacional” que amerite el pronunciamiento de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, por lo que no ha entrado a analizar el fondo del recurso que hizo el cantante para intentar que se enmendara la sentencia de la Audiencia Nacional que, en junio de 2022, dio la razón a la Agencia Tributaria. Previamente, Sabina había reclamado sin éxito por vía administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC).

Sabina era socio o administrador de tres empresas con las que gestionaba sus derechos de autor, inmuebles en Madrid y Rota, un velero y libros antiguos en conjunto con familiares, según han informado diversos medios de comunicación. Sus nombres eran Ultramarinos Finos, Relatores y El Pan de Mis Niñas, y generaron más de 12 millones de euros en ingresos de explotación durante los tres años que abarca la inspección tributaria.

Más escándalos para la SGAE

Según informó elcierredigital.com en enero del pasado año, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) inició un expediente sancionador contra la SGAE al evidenciarse "prácticas restrictivas de la competencia" a la hora de fijar las tarifas que cobra a radios y televisiones, en el marco de la gestión de derechos de propiedad intelectual.

Esta conducta tendría la finalidad y posible efecto de "reforzar la posición monopolística" de SGAE e "impedir tanto la competencia por otras entidades de gestión como la entrada y expansión de nuevos operadores en el mercado", aseguró el organismo gubernamental.

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Encuentro de la SGAE

La investigación se inició tras denuncias de las entidades Derechos de Autor de Medios Audiovisuales, Entidad de Gestión (DAMA) y Unison Rights, S.L., y a la vista de la información inicial disponible, la CNMC consideró que "existen indicios racionales de la comisión, por parte de SGAE, de una infracción del artículo 2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, y del artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea por conductas restrictivas de la competencia en el ámbito de la gestión y explotación de derechos de propiedad intelectual".

La CNMC recordó que "la incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación. Abriendo un periodo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y para su resolución".

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