Quince descendientes no reconocidos de famosos forman una alianza para defender sus derechos "ninguneados"

Los hijos de famosos no reconocidos por sus padres han formalizado una alianza. Son los 15 supuestos hijos no reconocidos de Julio Iglesias, de Samuel Eto´o, de Paco Gento, del marido de la Duquesa Roja, del ganadero Benítez Cubero, de uno de los miembros del grupo Los del Río, el hijo del compositor de música pop Juan Carlos Calderón, el descendiente de un famoso escultor, la hija de un multimillonario financiero, el hijo de un banquero internacional, el nieto de un político de la transición, el hijo de un importante cervecero de Estados Unidos, el descendiente de un famoso futbolista de la selección inglesa, la hija de un jefe de estado sudamericano, el hijo de un príncipe europeo y el nieto de un conocido bodeguero.

Todos estos supuestos descendientes viven entre Valencia, Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, Badajoz, Huelva, Estados Unidos e Inglaterra. Según el comunicado del abogado Fernando Osuna, que lleva estos mediáticos casos: "Todos los afectados están elaborando un programa de actuación consistente en comunicar a la sociedad su existencia, sus sentimientos y necesidades, darse apoyo mutuo, atender a los medios de comunicación y estrechar lazos, compartir sus experiencias, exteriorizar el rechazo y sufrimiento que han padecido, estar comunicados entre ellos, distribuirse el trabajo para alcanzar su objetivos, elaborar un  libro con sus casos, colaborar con entidades solidarias y benefactoras, promover un registro genético, crear una asociación y promover el día internacional de los hijos no reconocidos de famosos".

El abogado Fernando Osuna.

El grupo tiene previsto pedir reuniones con mediadores de derechos humanos, entidades científicas y genéticas y juristas de otros países. Los objetivos de esta nueva asociación serían, según el bufete Osuna, "acelerar los procesos judiciales que se tramitan, modificar normas en defensa de este colectivo de hijos y promover beneficios sociales y económicos".

Los principales problemas psicológicos que presenta este colectivo es que "los niños que crecen sin una figura paterna, generalmente evidencian trastornos en la adolescencia porque no encuentran una identidad, sufren de inseguridad, soledad y depresión, que pueden plasmarse en el fracaso escolar, consumo de drogas y vagancia. En definitiva, no tienen la capacidad para controlar sus impulsos y no pueden autorregularse", explican desde el Despacho Osuna.

"Varios estudios demuestran que la ausencia del padre, física o simplemente psíquica, puede tener efectos devastadores sobre los muchachos, incluyendo problemas de salud serios, ya que su sistema inmunológico se ve afectado por el estrés que genera tal situación de desamparo, y ello a pesar de los esfuerzos de las madres en estos casos para compensar las carencias afectivo-educativas desde el ángulo paterno", añaden. 

Detectives y justicia gratuita

También piden al Defensor del Pueblo que auxilie a estos hijos en la obtención de ADN por detectives e intentan conseguir que las normas de justicia gratuita cubran los honorarios de estos profesionales. 

En el procedimiento especial de determinación judicial de la filiación -procedimiento judicial para determinar algo tan importante en la identidad de las personas como es la paternidad- nuestro Código Civil exige el llamado "principio de prueba": esto es, una prueba mínima de veracidad de la paternidad que se aduce en la demanda.

"En la práctica profesional habitual, se contrata a un detective privado para obtener un desecho del pretendido padre con su ADN, y el mismo se remite a laboratorios forenses para su cotejo con el ADN del hijo. Todas las demandas que se presentan con una prueba de estas características son admitidas a trámite, mientras que otro tipo de pruebas -una carta manuscrita, llamadas telefónicas, testigos, y otras pruebas indirectas- son vistas con sumo recelo y a veces excesiva cautela en los Tribunales, llegándose a veces incluso a inadmitirse las mismas sin valoración del fondo del asunto", explican desde el bufete Osuna.

Por ese justo motivo es tan importante, vista la práctica judicial, hacerse con una prueba de estas características como requisito de admisibilidad de la misma. El problema es que la obtención de estas pruebas para clientes de economía humilde se vuelve absolutamente imposible a causa de que no pueden pagar los honorarios de los detectives, desistiendo en muchos casos de su pretensión.

Otro gasto llega con el coste de un análisis genético, que puede suponer entre 400 y 900 euros y unos 600 euros en las pruebas realizadas por el Instituto Nacional de Toxicología. Los detectives además tienen unos honorarios inasumibles por personas de economía humilde. ¿Puede el hijo demandante obtener por sí las pruebas? Tampoco.

"Conforme al Tribunal Supremo, precisamente dice que en los pleitos de filiación, los encargados de obtener pruebas biológicas de desechos y quienes pueden ser actores en la cadena de custodia son únicamente los detectives, profesionales cualificados y sometidos a las más duras penas de prisión e inhabilitación si quebrantan su juramento", dicen desde Osuna Abogados.