29 de noviembre de 2021
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FIN DE SEMANA

El Gobierno ya había propuesto en 2020 despojar a Carmen Martínez Bordiú del Ducado de Franco, pero entonces la moción no tuvo éxito

Los cambios de la nueva Ley de Memoria: De la extinción de la nobleza con Franco al nombre del Valle de los Caídos

El Gobierno de coalición, formado por los grupos PSOE y Unidas Podemos, ha redactado una enmienda que acabaría con hasta 33 títulos nobiliarios concedidos por el caudillo durante el franquismo. El Ejecutivo también ha revisado la Ley de Amnistía de 1977 para que esta sea respetuosa con el derecho internacional y, de forma oficial, el Valle de los Caídos recuperará su nombre original como Valle de Cuelgamuros.

La nobleza creada por el general Francisco Franco en España vuelve a estar en el punto de mira del Gobierno de coalición. PSOE y Unidas Podemos, reinciden en su decisión de eliminar los últimos vestigios del franquismo en la ley de memoria democrática. Ambos grupos políticos pretenden terminar con 33 títulos nobiliarios concedidos entre 1948 y 1978, que a día de hoy, permanecen vigentes. Los ducados de Franco, el de Primo de Rivera y otros muchos marquesados y condados, han sido incluidos en una enmienda como nombres que exaltan el golpe de Estado, la dictadura o a sus instigadores o participantes. 

Tras endurecer la Ley de Memoria Histórica de 2007 para “revisar e invalidar todas las distinciones, nombramientos, títulos honoríficos y demás formas de realzar a personas y entidades que supongan exaltación o enaltecimiento del golpe militar de 1936, la Guerra Civil y del franquismo”, el Gobierno pretende reducir y acelerar los trámites, además de dar una mayor base legal a la decisión. Ya en mayo de 2020 el grupo de coalición había iniciado los trámites para despojar a Carmen Martínez Bordiú, nieta del caudillo, del Ducado de Franco. Sin embargo, esto no fue posible por la inexistencia de una ley que lo permitiera.

“Con los trabajos de investigación ya realizados es posible determinar en este momento los títulos nobiliarios y grandezas de España que incurren en causa de supresión por exaltar el golpe de Estado, la guerra y la dictadura, y a sus instigadores, dirigentes o participantes del sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial, lo que permite incluir una referencia expresa a los mismos en este artículo y establecerse de forma directa su supresión, siendo así el propio legislador, depositario de la soberanía popular, quien expulse del conjunto de títulos nobiliarios existentes en la actualidad aquellos cuya base está constituida por una serie de comportamientos atentatorios contra la dignidad humana y otros derechos fundamentales cometidos en épocas preconstitucionales”, han registrado los grupos en la enmienda a la que ha tenido acceso elDiario.es.

Precisamente, entre la lista de títulos nobiliarios que el Gobierno quiere hacer desaparecer se encuentra el de Martínez de Bordiú, concedido por el rey Juan Carlos I en 1975 a la esposa del dictador. Por su parte, el marquesado de Arias Navarro y el ducado de Carrero Blanco también tienen los días contados. El primero fue concedido al dirigente que lleva su nombre, que se unió al bando golpista y actuó como fiscal impulsor del asesinato de muchos republicanos.

Los señoríos concedidos a los principales militares que participaron en la sublevación –como Queipo de Llano o Mola– y de colaboradores del régimen –como el condado del Castillo de la Mota– también serán despojados de su actual poder.

Carmen Martínez-Bordiú. 

Aunque el Ejecutivo no tiene aún asegurados los apoyos para la aprobación de esta enmienda, el plazo para la presentación de enmiendas parciales a la ley de memoria democrática finalizaba este mismo miércoles a mediodía. Una de las enmiendas planteadas en el parlamento ha sido la eliminación del título de Rey, que los socialistas ya han rechazado.

Ley de Amnistía

Por otro lado, el Gobierno ha establecido que la interpretación de la Ley de Amnistía de 1977 deberá ser respetuosa con el derecho internacional, que establece que los crímenes de guerra, contra la humanidad, genocidio y torturas son "imprescriptibles" y "no amnistiables". Para ello, se ha decidido que el fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática aborde la investigación de los hechos que tuvieron lugar en relación con el Golpe de Estado, la Guerra Civil y la Dictadura, para establecer cuáles no pueden ser protegidos por esta ley.

"ERC, con Rufián al frente, pretende anular la Ley de Amnistía de 1977 que abrió la puerta de la Transición Política y la Constitución de 1978. El mecanismo jurídico para poder hacerlo no sería otro que revisar y tipificar los atropellos del franquismo como delitos de "lesa humanidad" encuadrados en el Derecho Penal Internacional, imprescriptibles e inamnistiables. Olvidan que, entre los amnistiados del 77 se encontraban terroristas de ETA y entre los excarcelados de Carabanchel, el líder de CCOO Marcelino Camacho. Por otra parte, el intento revisionista excluye los crímenes perpetrados por Socialistas y Comunistas desde 1930 a 1940 contra miles de españoles por el simple hecho de que eran 'de derechas' o criticaban al Frente Popular como hacia Muñoz Seca en sus comedias y acribillado a balazos en Paracuellos del Jarama. Y ello sin mencionar el 'tren de muerte' procedente de Jaén y los miles de asesinatos a sangre fría en miles de pueblos de España a manos de los milicianos armados por simples 'ajustes de cuentas' entre vecinos. Y tal intento de volver a juzgar los crímenes del franquismo pretende impulsarse en ausencia de justiciable vivo alguno. De lo que se deduce e infiere que el objetivo político que persiguen quienes promueven la medida no es otro que desvirtuar y anular tanto la Transición como la Constitución española, volver a enfrentar a los españoles e implantar una nueva Constitución al gusto e interés de una parte, sectaria, totalitaria y antidemocrática. Mientras tanto, millones de españoles se debaten a diario por sobrevivir ante el sinfín de amenazas que comprometen su comida y su techo" reflexiona un historiador a elcierredigital.com.

Otra de las enmiendas negociadas entre los grupos parlamentarios del Gobierno es la incautación e incorporación al Archivo Histórico Nacional de toda la documentación del régimen franquista que conserva la Fundación Francisco Franco, con el agravante de que se "perseguirá penalmente cualquier intento de destruirla". Ya de manera oficial, el conocido como Valle de los Caídos pasará a a denominarse con su nombre original: Valle de Cuelgamuros.

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