28 de mayo de 2022
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FIN DE SEMANA

A pesar del descontento de gran parte del sector, el PSOE parece que podrá aprobarla en el Congreso mediante pactos con el PNV y otros partidos

Los productores independientes estallan contra el Gobierno a cuenta de la nueva Ley del Cine

/ Productores independientes
La Plataforma Audiovisual de Productores Independientes (PAP) ha vuelto de dejar clara su falta de sintonía con el Gobierno de España por las últimas regulaciones legislativas en materia audiovisual. Si hace unos días se mostraron contra la Ley Audiovisual, ahora el motivo de discordia ha sido el anteproyecto de la Ley del Cine.

La renovada Plataforma Audiovisual de Productores Independientes (PAP) está que trina contra el Gobierno de España por las últimas regulaciones legislativas en materia audiovisual (la Ley Audiovisual, el trámite parlamentario y la Ley del Cine, de la que se acaba de presentar el anteproyecto).

Sobre la regulación cinematográfica, el presidente de la plataforma Jordi B. Oliva afirma que "aunque el texto dice que se va a fomentar la creación audiovisual, la pregunta es ¿con qué dinero?". Es por ello que pide "que se fije un porcentaje mínimo de los presupuestos blindado para cinematografía".

Es cierto que este colectivo "valora positivamente que el anteproyecto de ley pretenda dar cobertura al audiovisual más allá de las obras cinematográficas", pero lamenta que no se blinde económicamente ya que, según ellos, "a la hora de la verdad esta apertura de la normativa a formatos y géneros diversos no va acompañada de una dotación presupuestaria específica y garantizada".

Críticas a la Ley Audiovisual

La PAP también ha arremetido contra la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual, que traspone una directiva europea y está en pleno trámite parlamentario. El PSOE parece que podrá salvar el listón del Congreso mediante pactos con fuerzas como el PNV, que ha suavizado su postura sobre este texto legal.

La que no se acerca a la postura gubernamental es la PAP, que asegura que el Gobierno condena a "una dependencia irreversible de los grandes suministradores de contenidos que, en poco tiempo, alejará los centros de decisión respecto a la producción audiovisual que se realice en España y laminará la propiedad intelectual de las producciones que se hayan realizado aquí".

Lo peor de la ley, según ellos, es "la confusión entre las productoras realmente independientes y las que la ley permite pasar por tales, cuando claramente son herramientas de grandes plataformas y cadenas de televisión, que dependen completamente de lo que estas decidan y que forman parte con mayor o menor claridad de grandes grupos empresariales internacionales". 

Iceta y Sánchez. 

"Esta convivencia entre los dos tipos de producciones ha sido y sigue siendo extremadamente positiva y enriquecedora, contribuyendo a dotar de más peso al sector audiovisual español y a crear un tejido industrial más competitivo", opinan.

Más críticos

También recelan de la ley los consejos audiovisuales autonómicos de Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana. Y es que sus presidentes Xevi Xirgo, Antonio Checa y José María Vidal aseguran que "el texto propuesto no es respetuoso con el marco competencial. Se limitan las funciones de los consejos audiovisuales territoriales, privados de competencias en relación con los servicios de comunicación audiovisual televisivos a petición (Netflix, HBO, Disney+, Amazon Prime, Filmin, etcétera) y con las plataformas de intercambio de vídeos (YouTube o TikTok)".

Los tres directivos aseguran que "limitarnos las competencias y centralizarlas en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CMNC), como propone el proyecto de ley, supondría recortar nuestra capacidad de acción en temas tan relevantes como la protección de los menores, el discurso de odio, la publicidad encubierta, la desinformación o las previsiones relativas a la diversidad cultural".

Otros agraviados por la ley son los influencers ya que la CNMC pidió que se pusiera coto a sus prácticas a la hora de hacer publicidad de forma subliminal. Este organismo pidió que se regule la actividad de "vloggers o nuevos agentes audiovisuales que utilizan y difunden sus contenidos a través de plataformas de intercambio de vídeos", exigiendo que fuesen considerados "prestadores de servicio de comunicación audiovisual".

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