La Justicia tumba el recurso de Shakira, que irá a juicio por defraudar más de 14 millones

Pese al recurso de apelación que presentó la defensa de Shakira en julio de 2021 para evitar el banquillo de los acusados, la artista, finalmente, tendrá que ir a juicio. Acusada de defraudar 14,5 millones de euros a la Hacienda Pública española entre 2012 y 2014, la colombiana se ha aferrado a un clavo ardiendo, y ha mantenido el discurso de que no aún no residía en España en aquel momento.

La última oportunidad de la cantante pasaba por la aceptación de ese recurso, que ha sido desestimado por la Sección Décima de la Audiencia de Barcelona, que ha concluido que, efectivamente, hay indicios del fraude del que se le acusa. Shakira no ha podido evitar el juicio por fraude fiscal, y mucho menos que la causa sea archivada. Sin embargo, se apunta a que aún cabe la posibilidad de que la artista colombiana pueda llegar a un acuerdo con la Fiscalía, que pasa por aceptar los hechos y pagar una multa para rebajar la pena y evitar así el ingreso en prisión.

No obstante, la defensa de Shakira mantiene su posición: aseguran que la colombiana no ha cometido ningún delito.

Antecedentes de la causa

A principios de junio de 2019, en una declaración de una hora y cuarto en la que Shakira solo respondió a su abogado, José Ángel González Franco, dio explicaciones pormenorizadas para justificar que pasó menos de los 183 días en España, haciendo hincapié en los conciertos u otros eventos en los que participó en diferentes países.

La artista está investigada por seis presuntos delitos contra la Hacienda Pública por un supuesto fraude de más de 14,5 millones en IRPF e Impuesto de Patrimonio (IP), a través de catorce sociedades en países como las Islas Caimán, las Islas Vírgenes Británicas y Panamá. Según fuentes del entorno de la cantante, ya ha pagado estos 14,5 millones.

Shakira llegó sobre las 9.50 horas al Juzgado de Instrucción 2 de Esplugues de Llobregat (Barcelona), localidad en la que reside, donde estaba y pudo evitar a la prensa accediendo por dentro del edificio a través de un aparcamiento privado del edificio que conecta con el Juzgado. Lo hizo pese a que la titular del Juzgado de Instrucción 2 de Esplugues, Luz Barreiro, había ordenado expresamente que debía entrar a los Juzgados por la puerta principal, como hacen todos los ciudadanos, han precisado fuentes judiciales.

Shakira entrando a los Juzgados desde el aparcamiento privado.

Por su parte, los abogados de la colombiana han utilizado dos líneas de defensa completamente insostenibles. Por un lado, que no tiene ninguna deuda pendiente, ya que tan pronto como se conoció el importe que le reclamaba la Agencia Tributaria, 14,5 millones de euros, procedió a su pago. En ningún caso una regularización tributaria exime del delito fiscal, tan solo puede servir como atenuante.

En segundo lugar, argumenta que su caso es “único” ya que percibe hasta un 96% de sus ingresos fuera de su España e incluso que “su estructura familiar es muy diferente a los modelos convencionales". Según su defensa, al no existir ya deuda tributaria pendiente, "el único tema en discusión en este momento es sobre la correcta interpretación de la norma en torno a cuándo se inició la aplicación del criterio de residencia fiscal en España".

Un argumento imposible de defender si se acredita que en verdad residía en España en esos años. Da igual donde procedan los ingresos, si pasa más de la mitad del año en España, debe tributar aquí.

Los “Paradise Papers”

Las posibles irregularidades fiscales cometidas por Shakira en España saltaron a raíz de la publicación de los “Paradise Papers” o “Papeles del Paraíso”, que desvelaban los negocios de muchos famosos en paraísos fiscales. En esta documentación aparecía que Shakira era desde el año 2007 administradora de Malta Tournesol Limited, una sociedad domiciliada en la isla mediterránea de Malta.

Según las investigaciones, la cantante cedió todos sus derechos intelectuales, así como sus activos musicales y marcas, valorados en 31,7 millones de euros, a esta empresa aun teniendo su residencia en el paraíso fiscal de las Islas Bahamas, algo muy relevante para la investigación española. Su abogado, Ezequiel Camerini, ha justificado que, aunque vivía en la Ciudad Condal, “ha tenido diferentes residencias a lo largo de su vida profesional”, un argumento no válido para Hacienda, lo que ha precipitado la denuncia por un presunto delito fiscal.

Aunque el nudo gordiano de este pleito entre Shakira y Hacienda se centra en su residencia a efectos fiscales, no parece que sea el único frente abierto. Los inspectores también están interesados en analizar las cuantiosas donaciones realizadas por la cantante a su Fundación Pies Descalzos, de la que es principal benefactora. Así, se pretende comprobar si todos los ingresos declarados en España durante los ejercicios 2015 y 2016 se corresponden con lo que realmente tenía que tributar y no se ha perdido el dinero en donaciones.