Una agenda política complicada en 2024: Un año marcado por la Ley de Amnistía
Dicha ley ha desatado manifestaciones y enfrentamientos violentos frente a la sede del PSEO en la calle Ferraz.
2023 ha sido un año complicado para la política nacional. Un año marcado por la celebración el 28 de mayo de elecciones autonómicas en las que el Partido Popular arrasó en las urnas y, posteriormente, la cita el 23 de julio marcada por la victoria de los azules pero sin opción a gobernar y un escenario político muy ajustado.
Un escenario de esperanza para los socialistas, quienes desde la cita en las urnas del pasado 23 de julio dieron comienzo a una serie de pactos para formar Gobierno. Una serie de pactos marcados por la polémica y la llegada de una controvertida Ley de Amnistía que ha desatado una oleada de manifestaciones masivas en toda España, así como de reacciones violentas que se han dado cada noche en la madrileña sede de Ferraz.
Este pasado miércoles era el presidente del Gobierno quien comparecía en el Palacio de la Moncloa con el fin de realizar un balance de 2023 y del primer mes del Ejecutivo de coalición. Un balance en el que el líder socialista recalcó la aprobación del real decreto ley con todas las medidas para hacer frente al impacto de la guerra y la inflación.
El presidente del Gobierno también hizo alusión a la revalorización de las pensiones, "un estado del bienestar robusto" así como un paquete de medidas anticrisis para este próximo 2024. Entre ellas, la suspensión de los desahucios y lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional, el mantenimiento del IVA al 0% para alimentos básicos y del 5% para pastas y aceites, la prórroga del máximo descuento del bono social para familias vulnerables, la limitación a las subidas del precio de la tarifa regulada del gas y de la bombona de butano o la extensión de medidas de apoyo a la industria: reducción al 80% de los peajes eléctricos para la industria electrointensiva y flexibilidad en el cambio de contratos de suministro eléctrico.
Pedro Sánchez, investido presidente del Gobierno
Habían pasado 116 días desde las pasadas elecciones generales del 23 de julio. Unos comicios en los que el Partido Popular se alzó con el mayor número de escaños; insuficientes, incluso con el apoyo de los diputados de VOX, para conformar Gobierno. Alberto Núñez Feijóo, líder de los populares, lo intentó sin éxito. De este modo, el segundo partido, el que obtuvo mayor número de votos, el PSOE, pasó a intentar formar Gobierno.
Finalmente, el pasado jueves 16 de noviembre, el líder socialista Pedro Sánchez era investido presidente del Gobierno. Ese mismo jueves tenía lugar la primera votación de la mencionada investidura, en la que Sánchez salió investido presidente del Gobierno con 179 ‘síes’ frente a 171 votos en contra y ninguna abstención. Sánchez obtuvo más apoyo del que tuvo en su anterior investidura de 2020, y superó también con los que contó Felipe González en 1988, José Luís Rodríguez Zapatero en 2008 y Mariano Rajoy en 2016.
Para contar con todos esos apoyos, Sánchez ha tenido que hacer concesiones.
Una de esas concesiones ha sido la polémica Ley de Amnistía, ante la que muchos colectivos han mostraron su rechazo. Los principales colectivos del Derecho español señalaron que lo estipulado es muy peligroso, ya que “rompe la separación de poderes”. También los policías españoles señalaron que el borrador de la citada Ley supone un “apedreamiento institucional”. Y los votantes de los partidos más conservadores salieron masivamente a las calles, como también lo han hecho ante la sede del PSOE, para manifestarse en contra de la amnistía que se pretende otorgar a los líderes y ciudadanos catalanes implicados en el procés soberanista.
Finalmente fue el 17 de noviembre cuando Sánchez juraba su nuevo cargo ante el rey Felipe VI, como así lo hicieron cuatro días después los 22 ministros que componen el nuevo Gobierno de coalición.
La polémica Ley de Amnistía
Era a mediados de noviembre cuando voló a Bruselas el número 3 del PSOE, Santos Cerdán, que no solo cerró un acuerdo de investidura sino "de legislatura", tal y como sostuvo el navarro en un hotel belga abarrotado de periodistas.
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Pese a la ardua y larga negociación, había algo de improvisado en la presentación: las señales televisivas se congelaban, los micrófonos mediáticos se caían de la pequeña mesa en la que se parapetaba el número tres socialista, y los periodistas podían preguntar, no como cuando se formalizó el pacto entre PSOE y Sumar.
El hombre más fiel a Pedro Sánchez se mostró satisfecho por el acuerdo reflejado en un documento que promete "abrir una nueva etapa y contribuir a resolver el conflicto histórico sobre el futuro político de Catalunya". Ese Catalunya y no Cataluña refleja la sintonía entre socialistas y nacionalistas, que logran sus propósitos a corto plazo: investidura para echar a andar la legislatura con la posibilidad de poder convocar elecciones cuando convenga, y amnistía para despenalizar a Carles Puigdemont, que podría presentarse a las próximas autonómicas.
Esta norma ha sido criticada, además de por los sectores más conservadores de la política, por antiguos miembros de las filas socialistas como el exsecretario de Estado para la Seguridad durante el Gobierno de Felipe González,Rafael Vera. En conversación con elcierredigital.com, el expolítico socialista afirmó que "con esta propuesta de la Ley de Amnistía para unos involucionistas, aunque sean nacionalistas y lo hayan hecho en el mundo político y sin utilización de armas, es un añadido más. El objetivo es el mismo, romper España, acabar con el Estado español y crear una situación de confrontación social muy notable".
Manifestaciones masivas y altercados en Ferraz
Desde que comenzaran las protestas contra el Gobierno de Pedro Sánchez y la polémica Ley de Amnistía, hasta la sede del Partido Socialista ubicada en la Calle Ferraz de Madrid se desplazaron cada noche numerosas organizaciones que ejercieron la violencia contra los efectivos antidisturbios desplegados. 'Pedro Sánchez muérete', 'España no se vende, España se defiende' o 'Sois los perros de Marlaska', son algunas de las consignas que cada noche se escuchaban. Unas consignas que iban acompañadas del lanzamiento de latas, piedras, petardos o bengalas por parte de miembros de grupos de ultraderecha.
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Además de los altercados que cada noche se sucedían en la calle Ferraz de Madrid, desde que se firmara la polémica Ley de Amnistía tuvieron lugar manifestaciones masivas convocadas en múltiples ciudades de España.
En Madrid, por ejemplo, el PP calculó que han sido más de medio millón de personas las que salieron a la calle, aunque la Delegación del Gobierno calculó que han sido solo 80.000 las que han acudido. No solo salieron en la capital de España sino en ciudades como Barcelona, Albacete, Málaga, Sevilla, Cádiz, Santander, Bilbao, Alicante, Las Palmas de Gran Canaria.
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