Después de la reunión del comité de huelga, los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) aceptan la propuesta de subida salarial del Ministerio de Justicia dirigido por Pilar Llop.
En 2022 los letrados protagonizaron dos días de huelga, pero el 24 de enero de 2023 iniciaron una huelga indefinida que termina el 27 de marzo de 2023. Después de dos meses de huelga y más de 350.000 juicios suspendidos, los Juzgados vuelven a la normalidad. Eso sí, con una situación de bloqueo judicial de dos meses que va a suponer retrasos de hasta un año de algunos procesos.
¿Todos los letrados han optado por aceptar la propuesta del Gobierno? No, el 76 por ciento de los letrados lo ha aceptado, el 21 por ciento se ha mostrado en contra y el tres por ciento se ha abstenido. Por tanto, han aceptado por tres cuartas partes la propuesta del Ministerio de Justicia.
El objeto de protesta de los LAJ
La reivindicación de los letrados en huelga era que su sueldo aumentara aproximadamente 600 euros al mes, habiendo aceptado finalmente 450 euros brutos mensuales. La propuesta aceptada de subida salarial supondrá que el aumento será progresivo con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2023.
El atasco judicial puede tener un impacto mayor que el que existió con la pandemia. Ojalá sea menor, pero el retraso indiscutiblemente ha perjudicado a miles de ciudadanos a los que se les han retrasado sus actuaciones judiciales.
Los Letrados de la Administración de Justicia son los que se encargan de remitir por medio del punto neutro judicial las estadísticas del funcionamiento de los Juzgados al Poder Judicial, que anualmente efectúan informes que detallan número de procesos, plazos y otras cuestiones. En este caso, ellos mismos mostrarán los efectos de su propia huelga a la ciudadanía.
Ministerio de Justicia.
Este martes 28 de marzo de 2023 los representantes de los letrados se reunirán con el Ministerio para poner negro sobre blanco y materializar el acuerdo en papel.
Según han comunicado los letrados: "La entidad de las tareas que se nos han encomendado dentro de las oficinas judiciales no solo se han puesto de manifiesto durante las jornadas de huelga, sino que además se reconocen ahora con una propuesta que no llega a donde nos gustaría a todos, pero que valoramos en beneficio del servicio público que prestamos".
El Ministerio en su momento llegó a manifestar que se trata de "personas privilegiadas que cobran entre 40.000 y 60.000 euros" y les acusaron de "aprovecharse del sufrimiento de la ciudadanía" por intereses económicos. Las asociaciones de LAJ reprocharon al ministerio de mantener un "carácter autoritario" y llegaron a analizar la posibilidad de actuar por vía penal.
El sentido común nos lleva a extraer diversas conclusiones:
· Los letrados tenían razón en su reivindicación de subida salarial.
· No se trata de personas privilegiadas, sino que ha tenido el mérito de sacar una oposición y trabajan día a día con un papel vital para el correcto desarrollo de la administración de justicia.
· La huelga ha sido innecesariamente larga, en un pulso de desgaste.
· Los letrados han mostrado conformidad con el resultado, pero en parte tienen una sensación de insatisfacción con el acuerdo.
· El Ministerio ha acabado reconociendo un derecho mayor al que hubiera materializado de no haber huelga, pero ha conseguido no conceder todo lo reivindicado por los letrados.
· Los perjudicados son los ciudadanos que han visto retrasos en sus procesos, tanto a los que se les ha suspendido una actuación, como los que la inician ahora pues la tramitación será más lenta a costa del parón provocado por la huelga.
Por tanto, con independencia de quién tenga razón en la controversia, los letrados y el Ministerio salen parcialmente satisfechos pues en parte han visto reconocidas sus pretensiones.
Lo que han sido los grandes perjudicados una vez más y no han ganado absolutamente nada son los cuidadnos que al final han pagado los platos rotos de la disputa.
Reflexión sobre la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia
Esta huelga crea un precedente con múltiples dimensiones: Los LAJ han creado un precedente en el que han reivindicado sus derechos, pero, debemos de plantearnos qué ocurriría si también optaran por reivindicar sus derechos salariales otros cuerpos de funcionarios de Justicia. ¿Están de acuerdo con sus sueldos los funcionarios de auxilio, tramitación y gestión?
Al Gobierno realmente le ha merecido la pena aguantar la huelga pues parece que, con tanta noticia y actualidad, ha pasado muy desapercibido lo ocurrido. Ante otra situación asimilada, la experiencia probablemente los llevará a aguantar periodos largos de huelga a pesar de que ello pueda suponer un grave perjuicio para el servicio público.
La experiencia es que la ciudadanía aguanta y tolera los perjuicios de las disputas salariales entre funcionarios de justicia y Ministerio de Justicia.
La realidad es que la Administración de Justicia tiene grandes limitaciones presupuestarias con falta de medios personales y materiales. Existen Juzgados desbordados y se siguen sin crear más Juzgados y dotarles de más medios. En este caso destinar una partida presupuestaria mayor a la que había antes a justicia es justo y merecido para los LAJ, pero el debate sería si es más necesario que ampliar con más funcionarios Juzgados colapsados o crear Juzgados de refuerzo para mejorar los plazos y mejorar el servicio.
Una Justicia lenta y saturada, no es justa, sólo aplica derecho
Es cierto que el Ministerio de Justicia ha tenido escasa mejora presupuestaria en los diferentes Gobiernos, pues no es algo políticamente popular. Destinar más medios a justicia no tiene un reflejo directo que se rentabilice en votos.
Tal vez ahora la ciudadanía es la que tiene que reclamar sus derechos cada vez que consideren que no son reconocidos, también en procesos judiciales.