El objetivo de los GEO en Bolivia era llegar hasta Juan Ramón Quintana, mano derecha de Evo Morales

A los expertos en seguridad contactados por elcierredigital.com le llaman la atención varias de las circunstancias que rodean la actuación de los supuestos GEO en la operación para intentar llegar a la embajada mexicana de La Paz, en Bolivia. No entienden muy bien la utilización de esta unidad policial en labores de custodia y seguridad del personal de la embajada española en Bolivia. Esto es lo primero que llamó la atención de los expertos en esta no deseada crisis con el nuevo gobierno boliviano.

Todo ocurrió el 27 de diciembre cuando la encargada de negocios de la Embajada de España, Cristina Borreguero, se dirigió a la residencia oficial de la Embajada de México en dos coches a las ocho de la mañana, pero policías bolivianos impidieron el paso de dos vehículos y personal de seguridad español -al menos cuatro individuos- salieron del coche encapuchados y presumiblemente armados, según las autoridades bolivianas, que consideraron este acto un "atropello" a la soberanía de Bolivia.

Sin embargo, la embajada española en La Paz había comunicado un día antes al Ministerio de Asuntos Exteriores de Bolivia el retorno de seis miembros del cuerpo diplomático a través de una nota verbal fechada el 26 de diciembre, un día antes que se produjera el incidente en la Embajada de México. El documento oficial filtrado a la prensa contiene nombres y apellidos de los seis y sus números de pasaporte, lo cual ha sido criticado por sindicatos policiales españoles. La nota verbal explica a la Dirección General de Ceremonial de Estado que "el 28 de diciembre regresarán a España el personal que ingresó el pasado 14 de noviembre como apoyo técnico a la legación diplomática. Se trataría de seis miembros del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional, supuestamente.

Nadie cree que los desplazados allí fuesen a sacar a personas de la embajada de México para llevarlas a la embajada española. "Ni siquiera los propios bolivianos, pero algo tienen que argumentar. Solo sería trasladar el problema de lugar y nada ganaría el gobierno español con ello", aseguran las fuentes consultadas.

Pasaportes reservados al CNI

La segunda nota discordante de todo el asunto para los expertos consultados por elcierredigital.com es que resulta muy extraña la utilización de pasaportes falsos para introducir a estos seis policías en el país, una práctica que se reserva solo a agentes del CNI en misiones puntuales y que precisa de la autorización del juez del Tribunal Supremo Pablo Lucas Murillo de la Cueva, encargado de los asuntos del CNI.

La tercera actuación que ha generado extrañeza se refeira a que además ellos fueran los encargados de dar escolta a la enviada de la Embajada española, cuando eso lo hacen habitualmente los Unidad de Intervención Policial (UIP) o Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil destinados en nuestras embajadas. En el caso de la embajada de La Paz, a cargo de UIP de la Policía Nacional.

Por otra parte, los sindicatos policiales ya han alertado que desvelar las identidades de los agentes pone en peligro su seguridad. La Confederación Española de Policía (CEP) ha denunciado que ello "pone en riesgo su identidad y su integridad física mediante la filtración de sus pasaportes que, es evidente, sólo puede provenir de organismos públicos bolivianos". La CEP ha recordado que la presencia de estos policías en Bolivia tiene relación con las misiones propias del GEO, que en el extranjero son la protección de diplomáticos y embajadas.

Por su parte, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) defendió este domingo la labor de los agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO) implicados en el incidente y ha asegurado que realizaron su trabajo "con pleno respeto a la legalidad internacional y sin responder a las provocaciones de un grupo de ciudadanos". Además, piden a los partidos políticos que se evite "utilizar a la Policía Nacional en su lucha partidista".

Desde el gobierno español se ha asegurado que era una visita "cortesía" y negó que pretendieran facilitar la salida de los antiguos altos cargos del Gobierno del expresidente Evo Morales. Dentro la residencia de la embajadora mexicana, Teresa Mercado, se encuentran nueve antiguos dirigentes en calidad de asilados políticos, cuatro de ellos con orden de búsqueda y captura por parte del gobierno boliviano. La ministra de Exteriores en funciones, Margarita Robles, ya ha anunciado una investigación al respecto.

Las cuatro personas en búsqueda y captura, refugiadas en la embajada mexicana, son el exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana; la exministra de Cultura Wilma Alanoca; el exgobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez y el exdirector de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC) Nicolás Laguna.

Durante algunas hora se especuló con la posibilidad de que junto a ellos estuviese el exprocurador general y exministro de Justicia Héctor Arce, sobre el que Bolivia no presenta ninguna reclamación. SIn embargo, la importancia de Arce deriva más en una cuestión política que diplomática, ya que es la persona en Bolivia que mejor conoce la supuesta financión irregular de Podemos, el partido de Pablo Iglesia por parte de la anterior jerarquía boliviana. Esa vía es la que desea explotar ahora el gobierno boliviano.

A los expertos también les llama poderosamente la atención que en una visita de "cortesía" los agentes fuesen equipados con chalecos antibalas. "Quien los mandó esperaba exactamente esa reacción y los agentes sabían realmente a los que iban, a ninguno le pilla por sorpresa". añaden.

Relaciones excelentes con la DEA

Hay que recordar las excelentes relaciones que mantiene la Policía Nacional española con la DEA o agencia antidroga norteamericana. Sin embargo, las relaciones oficiales pasan siempre por el CNI, aunque en fuentes policiales nadie niega que si llega el momento y alguien hace una llamada a un colega del otro lado del mundo ambos se prestarán la ayuda necesaria, aunque luego sea fiscalizada por el CNI.

El pasado mes de noviembre la Fiscalía del Estado de Bolivia emitió una orden de captura contra Quintana, acusado por sedición, financiación al terrorismo e instigación pública a delinquir, ya que el Gobierno interino de Jeanine Áñez lo señala como uno de los organizadores del proceso de insurrección que se llevó a cabo en Bolivia tras la renuncia y exilio en México de Evo Morales.

Contra Quintana, el exnúmero dos del Gobierno de Evo Morales, se han lanzado varias acusaciones por presuntos vínculos con organizaciones de narcotráfico, en parte como resultado de su estrecha relación con Mayerling Castedo, quien fue detenida en junio de 2019 por estar presuntamente involucrada en el clan "Candia Castedo", en la provincia de Moxos, departamento del Beni.

Juan Ramón Quintana es un polémico exmilitar, formado en la tristemente conocida Escuela de las Américas, con estudios de Sociología y Filosofía, todo ello antes de renunciar al Ejército en 1997 e incorporarse definitivamente a la política de la mano de Evo Morales. Antes pasó por Cuba, donde recibió adiestramiento. Desde las propias filas del Movimiento Al Socialismo (MAS), partido de Morales, ya señalaron a Quintana, acusado en 2008 por un caso de contrabando de camiones con destino a Brasil, sin embargo el caso finalmente fue archivado por la mayoría del partido de Morales en la comisión del Congreso.

Mayerling Castedo era una alta dirigente del MAS, secretaria del departamento de Gobernación de Beni. Tras la desarticulación del clan de narcotráfico "Candia Castedo", se conoció la involucración de Mayerling Castedo Molina.

La operación contra esta organización arrancó tras la incautación de una avioneta con 302 kilos de droga en la provincia de San Pedro, en Paraguay, donde fue detenido un piloto boliviano, sobrino de Castedo. Tras la detención de Castedo, circuló en las redes sociales diferentes fotografías en la que se ve a Mayerling Castedo junto a varias autoridades como el entonces gobernador del Beni, Alex Ferrier, el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y el expresidente Evo Morales. Ella ha negado siempre cualquier implicación en narcotráfico.

Castedo Molina fue fiscal de Materia, exsecretaria de Desarrollo Humano en la gestión del gobernador Alex Ferrier, candidata al Tribunal Supremo de Justicia por el Beni, asesora de la Asamblea Departamental y de varios municipios benianos. Ingresó en julio de 2019 en el penal de Mocovi junto a su hija Joyci Candia Castedo en prisión provisional.

Parece por tanto muy posible, que la DEA esté interesada en conocer los vínculos de Quintana con el narcotráfico si es que estos existieran y es un interés legítimo dentro de la lucha contra el narcotráfico que llevan a cabo en todo el continente.

Financiación de Podemos

Otra versión de la historia que no es menos creíble, pero más enrevesada de idear, sería que los GEOS trataban de sacar de la residencia de la embajadora en México información comprometida sobre la supuesta financiación irregular de Podemos en aquel país. Lo cierto es que a fecha de hoy no existe ninguna causa judicial ni penal abierta en ningún tribunal del mundo que sustente esta teoría. Es la versión que sostiene el actual gobierno boliviano con la intención de dañar al gobierno español.

Ya se intentó abrir una causa contra Juan Carlos Monedero, cuando era número dos de Pablo Iglesias, que terminó en 2015 con la renuncia de Monedero y una multa de 200.000 euros a Hacienda por no declarar 425.000 euros de ingresos por asesoramiento recibidos en Bolivia, Nicaragua, Venezuela y Ecuador, aunque Monedero los declaró a través de una empresa.

Para entender esta teoría, que ahora defienden algunos, hay que remontarse al informe Cardona Álvarez, de 20 de febrero de 2015. En el citado informe, realizado por el director del Hospimil número 2 de Santa Cruz se basa en una entrevista al coronel Germán Rómulo Cardona Álvarez y fue entregado al General de División José Luis Begazo Ampuero, comandante general del Ejército de Bolivia.

Las críticas más importantes del coronel arreciaron contra el Ejército boliviano cuando fue operado en Madrid con una cirugía que no era posible en Bolivia y después el Ejército se negó a pagarle esos gastos. Estas acusaciones son las que se usaron contra Podemos en su momento, pero sin que se abriera ninguna causa hasta el momento en ningún tribunal de Justicia español o internacional. En 2015 el coronel Cardona llegó a España donde solicitó refugio y actualmente reside en nuestro país.