En toda la trama que elcierredigital.com comenzó a contar ayer sobre la falsa conspiración del clan de la Moraleja en el caso Alcàsser, Alfonso Calvé desempeñaría el papel político, como presunto psiquiatra del entonces presidente del Gobierno, Felipe González, extremo éste que no se correspondía con la verdad, pero con el que se intentó dar un tinte de verosimilitud y secretismo a la historia. Además, Calvé había sido gobernador civil de Alicante y subdirector de la Policía, para dotar de mayor relevancia al caso.
De esta forma, siempre según la alucinante versión del empresario Moisés Domínguez, Calvé, como psiquiatra, aconsejaría a personalidades del PSOE participar en terapias de choque, consistentes en secuestrar, torturar y matar a niñas, como un método para curar el estrés, y así implicar también en el asunto a políticos socialistas.
Según su relato, el criminal clan de La Moraleja estaría compuesto por Calvé, el productor José Luis Bermúdez de Castro, el promotor José Luís García Cereceda, el presidente de Telefonica Luis Solana Madariaga, e incluso Francisco Laína, exsecretario de Estado de Seguridad, además de otras personas, que suministrarían chicas jóvenes y material pornográfico a importantes personalidades. Moisés Domínguez, lejos de quedarse tranquilo con la sospecha de la duda sembrada, acudió a Femando García, el padre de una de las niñas asesinadas.
Sin embargo, al principio García era reticente a creer la historia, pero a principios de 1996, el relato se complementó con la teoría de que el triple crimen hubiera podido servir para grabar un vídeo snuff, una película que recoge la tortura y muerte real de las víctimas, lo que ya implicó directamente a Bermúdez de Castro en las grabaciones y posterior distribución.
Francisco Laína, exsecretario de Estado de Seguridad.
Meses antes, en septiembre, se había rodado en el chalet de Sopeña, en Puerta de Hierro, la película española Tesis, cuyo guión trata precisamente sobre la hipotética existencia en España de una red de vídeos snuff. Sopeña siempre mantuvo que ese chalet lo vendió en 1991 a una empresa y la película se estrenó en 1996. La pregunta entonces era: ¿Se conocían Ángel Sopeña y José Moisés Domínguez, los dos supuestos inspiradores del montaje? El ginecólogo lo negó entonces a la desaparecida revista Interviú: "¿Domingo? Ah, ¿José Moisés Domínguez? No sé quién es". Sin embargo, Domínguez aseguró en la misma publicación "yo sí le conozco a él".
Fernando García decidió darle verosimilitud
Tras la "denuncia" llegada a Femando García éste decidió compartir con su equipo de investigación, en el que estaba Juan Ignacio Blanco, la teoría de Domínguez meses antes de que aparezcan los nombres de Calvé, Bermúdez de Castro y Solana. Blanco le dio veracidad porque a él se lo habría contado Sopeña por otro lado. La trama estaba tejida. Estas elucubraciones semipúblicas llegaron por varios canales a personas relacionadas con sindicatos de la Policía y el asunto explotó en el Mississippi ante el asombro de todo el mundo, como ya contamos.
El propio Blanco, en su posterior declaración ante el juez, cuando fue denunciado por los perjudicados aseguró que "desde hacía más de tres años se comentaban estos nombres como investigados y que de hecho Fernando García conocía estos nombres de forma independiente al álcente (declarante)". Ésta última afirmación era cierta, porque la misma información llegó a ambos de fuentes diferentes. Tras esta nueva y descabellada teoría varios miembros del equipo de investigación de García abandonaron al padre de Miriam, tal y como se desveló en el reciente documental de Netflix sobre el caso.
Lo cierto es que esas personas nunca fueron investigadas por la Policía, ni existió el menor indicio contra ellas. Todo se tradujo en un montaje urdido como parte de una venganza de un ex socio y un oscuro empresario. Hasta ahora la única verdad es que hubo quien se aprovechó del dolor de unas familias que perdieron a Miriam, Toñi y Desirée.
Juan Ignacio Blanco en una de sus últimas imágenes.
En 1998 Juan Ignacio Blanco insistió en continuar contando aquella invención en su libro "¿Qué pasó en Alcácer?", secuestrado tres meses después de su salida por orden judicial, ya que la madre de Desirée, Rosa Folch, lo denunció por mostrar fotografías de la autopsia. Además, ambos tuvieron que indemnizar a las personas que salían en aquel famoso programa tras ser denunciados por éstas. El libro todavía puede encontrarse a la venta por Internet.
No fue el único problema, ya que Juan Ignacio Blanco y Fernando García fueron condenados por calumnias poco después de sus intervenciones en el programa el "El Juí d'Alcàsser", emitido por el desaparecido Canal 9 de Valencia. En septiembre de 2010, la Audiencia de Valencia condenó a ambos por mentir sobre el trabajo desarrollado por los querellantes -cuatro guardias civiles, el fiscal jefe y los forenses- a pagar un total de 430.000 euros. Además, Blanco fue condenado a un año y tres meses de cárcel, junto al padre de Míriam. Una petición en change.org de indulto para Fernando García sólo obtuvo 75.000 firmas.
Blanco de nuevo al banquillo de los acusados
En 2012, el periodista Juan Ignacio volvió a sentarse en el banquillo de los acusados, esta vez por difundir por internet las imágenes de las autopsias de Miriam, Toñi y Desirée. Los hechos presuntamente ocurrieron durante los años 2005 y 2007. La Fiscalía pidió dos años de prisión y que indemnizara a la madre de una de las niñas con 12.000 euros por el daño moral ocasionado, pero finalmente salió absuelto porque no se pudo probar que fue él quien volcó esas imágenes en Internet.
Tras la sentencia de la Audiencia de Valencia de una pena de un año y tres meses de cárcel a Fernando García, padre de una de las niñas de Alcácer asesinadas en 1992, por las calumnias vertidas en "El juí d'Alcàsser", García recurrió la sentencia y lejos de reducir su condena la Audiencia de Valencia la amplió y le condenó por calumnias además de por injurias. Sin embargo, Blanco salió beneficiado, ya que se le restaron siete meses a su condena inicial de prisión.
Fernando Garcia durante el último juicio que afrontó.
Así, aunque de los 27 meses de multa de junio, que le salían a 14.634 euros, pasó a diez meses de multa, traducida en 3.612 euros, la inclusión del delito de calumnias le comportó, por primera vez, la pena de un año, tres meses y un día de prisión.
Fue una sentencia dura, que no ahorró en críticas a la actitud mantenida por García y Blanco no sólo durante la emisión de aquel programa entre mayo y septiembre de 1997 sino también durante el proceso judicial que acabó con Miguel Ricart en la cárcel. La Audiencia consideró que tanto el padre de Míriam como el supuesto criminólogo calumniaron e injuriaron gravemente y con publicidad a los perjudicados y lo hicieron, "sosteniendo idénticas teorías conspirativas que complementaban y desarrollaban mutuamente con sus palabras", recogía la sentencia.
Por ello, les impuso las mismas penas de cárcel, iguales penas de multa y les obligó a afrontar solidariamente el pago de las indemnizaciones: 70.000 euros a cada guardia civil; 60.000 al ex fiscal jefe Enrique Beltrán; y 70.000 a uno de los forenses. A los otros tres, García, en solitario, tuvo que abonarles 30.000 euros a cada uno. En total, 430.000 euros. El daño a las familias de Toñi, Miriam y Desirée nunca fue cuantificada por ningún tribunal.