Según explica la querella presentada ante la Audiencia Nacional, Sergio tenía, junto con sus padres, el control de las claves de acceso de las wallets, así como de las cuentas y demás fondos de inversión y depósitos desde donde se recibía el dinero de los inversores y se hacían las transferencias para los abonos a las personas que pedían recuperar los beneficios o su capital. El joven participaba en los trabajos de comunicación diaria a los inversores mediante whatsapps de los beneficios obtenidos por las inversiones con el fin de que recuperaran o invirtieran.

A la familia Biosca, -Javier es el padre, Paloma Gallardo es la madre y Sergio el hijo- además de por presunta estafa, se la acusa de otros nueve delitos: Apropiación indebida, receptación y blanqueo de capitales, asociación ilícita, delitos contra la Hacienda Pública, cohecho, delitos societarios, encubrimiento y falsedad en documento público. Su modus operandi se basaba en la compra y venta, en tiempo real, de criptomonedas como Bitcoin, Ethereum o Litecoin, con la ayuda de un programa que analizaba el mercado financiero, aunque los denunciantes aseguran que no existe tal programa ni bot, ni los cinco ingenieros que "sin conocerse entre ellos" lo manejaban supuestamente. De esta forma, Javier Biosca, logró crear una red de inversores de los que lograba extraer un beneficio económico cada vez más elevado. Y, según la querella, Sergio conocía y participaba de los negocios de su padre.

Es lo que intenta acreditar ante la Audiencia Nacional la querella presentada por la socia directora del despacho Zaballos Abogados, Emilia Zaballos, en representación de los 300 afectados como acusación particular y como acusación popular la asociación de Afectados por Inversiones en Criptodivisas que preside la misma Zaballos.

Según el escrito, la rentabilidad real que obtenía la familia Biosca está entre el 34 y 37 por ciento semanal. De ahí comenzaron a dar a sus inversores el 20 ó 25 por ciento semanal inicialmente quedándose ellos con la diferencia. A partir de enero de 2020 y con el fin de obtener beneficios superiores redujeron a los inversores el reparto de beneficios a un 8 ó 10 por ciento semanal, obteniendo ellos a partir de ese momento unos beneficios la familia Biosca entre el 24 y el 25 por ciento semanal. La diferencia en los beneficios que para la familia Biosca supuso un notable incremento de su ya de por sí altísimo nivel de vida.

Sergio Biosca, en una foto publicada en sus redes sociales.

En la citada querella se explica, asimismo, que tanto Paloma, la esposa del principal acusado, como Sergio, su hijo, se lucraban y beneficiaban del negocio, “tanto en dinero, como en el alto nivel de vida, a través de coches (más de diez de alta gama), joyas, mansiones, viajes, personal de servicio…”.

                                        El matrimonio en Instagram.

Tal y como relata el escrito “la inversión en criptomonedas realizada es tan elevada que, a día de hoy, obran en su poder cantidades enormes, también a nombre de su empresa Algorithms Group, constituida en Londres, (...) domiciliada en un edificio deshabitado por un abogado en Andorra que creaba las estructuras societarias y financieras fuera de España para eludir tributos (...) así como de su esposa y de su hijo. De hecho, y ante la posibilidad de que ambos aleguen ser desconocedores del negocio, la querella presentada hace referencia a la sentencia del Caso NÒOS, en la que se establece que “quien se beneficia, disfruta de los bienes, cuando no existe causa legal para su obtención, es conocedor de ese origen ilícito y, por lo tanto, también es responsable, penal y/o civilmente de los daños que el delincuente (individual o colectivo) realice”.

Resulta poco probable que, y así lo recoge el escrito presentado, en poco más de un año, se pase de ser un creador de páginas web con un domicilio en Toledo, a vivir en una mansión en Marbella cuyo alquiler supera los 15.000 € mensuales, abonando un año por adelantado, con elevados gastos de mantenimiento, contratación de múltiples personas de servicio doméstico, utilizando jets privados, escoltas, y manejando grandes cantidades de dinero en efectivo, “aún más cuando participan activamente no solo de los beneficios, sino de la ejecución”.

Fiestas de lujo en su mansión de Marbella

Como se indica en la querella, es durante los meses de pandemia cuando la popularidad de los servicios de Biosca es tal que su actividad crece y las cifras de inversión se disparan. La ambición por conseguir nuevos clientes aumenta y la familia organiza en su mansión de Marbella una “fiesta del bitcoin” a finales del verano y otra el día 27 de septiembre coincidiendo con el cumpleaños de Javier Biosca. A ella acuden sus intermediarios y posibles nuevos objetivos, “personas que manejan grandes cantidades de dinero en Marbella y que en este tiempo ha ido conociendo (…) En esta fiesta, le ayudan en la labor de captación su familia y las personas que contrata para ello”. Es precisamente tras esta fiesta cuando su fondo de clientes llega a contar con más de 3.000 personas.

Fajo de billetes publicado por la familia Biosca en sus redes sociales.

No obstante, remite el escrito de la abogada Zaballos, la infraestructura no crece, puesto que tanto Sergio Biosca como su madre, Paloma Gallardo, son quienes le ayudan a gestionar la red de clientes a través de WhatsApp. Por este motivo, es en este periodo de tiempo cuando se producen retrasos y errores en los pagos, llegándose incluso a duplicar pagos por valor de hasta 200.000 euros. Una mala gestión que levanta las sospechas tanto de los inversores como de los intermediarios, y que desencadena la huida de Javier Biosca.

En los últimos meses, tanto Sergio Biosca como su madre “respondían a las preguntas de los inversores con evasivas, con el fin de ganar tiempo para que el principal acusado, Javier Biosca, actualmente en paradero desconocido, lograra salir del país”. La excusa que pone es que va a Guinea Bissau a comprar un banco, pero no ha regresado.

"Si finalmente se confirma la veracidad de los hechos denunciados, serían constitutivos de delitos que habrían supuesto graves defraudaciones y maquinaciones para alterar precios, con grave repercusión, para el tráfico mercantil, en la economía nacional, habiendo podido causar un perjuicio patrimonial a una pluralidad de personas en el territorio de más de una Audiencia, y cometer estos delitos descritos, en parte, fuera del territorio nacional", señala la querella.

Desde el despacho Zaballos Abogados, ponen a disposición su número de teléfono 91 310 30 00 y la dirección donde están ubicados, Calle Luchana 8, Local IZQ | 28010 Madrid. Además, el correo electrónico para cualquier consulta de los afectados es asociacionafectadosbiosca@gmail.com  y la web con el fin de que cualquier persona que haya sido afectada por el negocio de las criptomonedas se inscriba es: https://www.asociacionafectadosbiosca.es/