Un informe realizado por una perito judicial asegura que el presunto fraude económico realizado por las empresas que configuran el Grupo Cursach, que controal el empresario balear Bartolomé Tolo Cursach, supera con creces los 51 millones de euros, cantidad establecida por el informe que realizó en su momento el Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional, según adelantó El Diario de Mallorca.
Esta valoración es el resultado de una investigación, en la que por una parte se han ido anotando las cantidades de dinero que una empresa de seguridad recogía cada noche de los locales de ocio de Cursach en Mallorca y, por otra, de las declaraciones oficiales que se realizaron los testigos e implicados ante la Agencia Tributaria.
El empresario Bartolomé Curscah descendiendo de un furgón policial.
Comparando ambas cantidades la Policía sostiene que la empresa de ocio de Cursach solo declaraba un tercio de sus ingresos, por lo que la investigación apuntaba a que se habría cometido un presunto fraude fiscal superior a los 50 millones de euros. Asimismo, se denunciaba que la empresa contrataba a sus empleados por muchas menos horas de las que realmente trabajaban, por lo que también se habría podido cometer otro delito de fraude a la Seguridad Social, al no haber pagado las horas extra. La Policía, además, sospecha que el empresario tendría un "topo" dentro de Hacienda.
Una perito, contratada por el empresario Bruno da Silva, uno de los denunciantes de la trama, realizó otro informe en el que sostiene que aunque la cantidad exacta del presunto fraude no puede determinarse aún con exactitud, dado que no ha podido analizar la documentación completa, sí que respalda el trabajo que realizaron los especialistas del Grupo de Blanqueo de dinero de la Policía Nacional y estima que lo defraudado podría superar mucho más esta ingente cantidad.
Reabrir la causa
El empresario Da Silva usará este peritaje para pedir que se reabra la causa contra Cursach por un presunto delito fiscal, ya que el Juzgado archivó la causa a consecuencia del estudio realizado por la Agencia Tributaria, que fue muy duro con las conclusiones que alcanzó la Policía.
Además, también los hombres de Hacienda negaron que el empresario tuviera una persona que le habría estado beneficiando dentro de la estructura tributaria, como así apuntaba la Policía.
La filtración de este primer informe fue la razón principal que movió al juez Miquel Florit, ya jubilado, a investigar a los integrantes del Grupo de Blanqueo, que en estos momentos están suspendidos. Este mismo juez fue el que dio orden de requisar teléfonos móviles y ordenadores a varios periodistas, por lo que fue juzgado en 2020. Todo una trama social, política y económica radicada en las Baleares todavía por descubrir y esclarecer en muchos apartados, algunos de ellos muy siniestros.