El artículo 51 de la Constitución española de 27 de diciembre de 1978 reguló, por primera vez, los derechos básicos de los consumidores y usuarios al señalar que "los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos".
Entre las obligaciones del Estado se encuentra "fomentar las asociaciones de consumidores y usuarios y escucharlas en lo que pueda afectar a estos". Y entre estos colectivos destacan la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que ronda los 300.000 socios, y FACUA-Consumidores en acción, que se mueve en torno a 200.000.
Pocos saben que la matriz de OCU es una sociedad mercantil radicada en Luxemburgo, Euroconsumers SA, que está controlada por una fundación holandesa y que, tal y como señala, "agrupa a más de un millón y medio de consumidores europeos y brasileños y publica 32 revistas de información al consumidor, en 5 idiomas distintos".
Euroconsumers, que no muestra los sueldos de su cúpula, tuvo en 2021 uno de los mejores resultados de su historia gracias a una operación inmobiliaria; con 5 millones en una sicav, tal y como denunció eldiario.es.
OCU, en su web, señala que "siempre ha seguido una política de transparencia sobre su actividad. Proporcionamos a los socios y a todos los consumidores información sobre nuestra actividad. En nuestra página de transparencia se detallan la naturaleza, actividades y la relación con Euroconsumers de OCU y de OCU Ediciones. Y además publicamos una memoria anual con información sobre nuestros recursos y su aplicación".
Bloqueo "millonario"
OCU, al igual que su rival FACUA, disfruta del bloqueo del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) que debiera haberse renovado este pasado mes de febrero. No parece tener mucha prisa en su renovación el Ministerio de Consumo de Alberto Garzón, a pesar de su baja actividad legislativa. Un bloqueo muy lucrativo, ya que ser del CCU garantiza recibir más subvenciones.
Pero además de beneficiarse de esta "suculenta tarta" de dinero público por una soprendente o no inactividad del Ministerio de Alberto Garzón buena parte de sus ingresos también están en entredicho.
Este es el caso de la OCU, tras conocerse que Mercadona pagó 20.000 euros en 2020 mediante un acuerdo que se comprometieron a no hacer público. Esto es lo que denuncia FACUA, acusada de inflar su número de socios a través de la figura de 'socios familiares', de los que solo uno abona cuota. Algo que rompe la neutralidad a la que están obligadas, que conlleva que no pueden recibir dinero de actividades consideradas de lucro.
Cuando se quiere colaborar con empresas se puede hacer a través de llamados convenios de concertación, en el que una entidad privada "colabora" con la asociación para realizar un proyecto, pero sin recibir teóricamente dinero a cambio. FACUA es una de las organizaciones que más ha utilizado esta fórmula, que en el pasado ya fue puesta en duda por el medio Extraconfidencial.com.
La organización de la que es su cara más visible Rubén Sánchez decidió llevar a los tribunales a este medio, por denunciar que firmaban convenios de concertación con empresas como Carrefour, siendo absuelto el periódico y condenado a costas la asociación de consumidores.
Rubén Sánchez apoya al Ministerio de Consumo
El pulso entre los ministros Alberto Garzón y Luis Planas por el decreto para prohibir la publicidad de alimentos azucarados en niños y adolescentes va camino de ganarlo el titular del ministerio de Agricultura frente al primero, ministro de Consumo y proponente de esta regulación legislativa.
En favor de Garzón se muestra en redes Rubén Sánchez, que en Twitter se dice "cazafantasmas" por sus años de pulsos frente a algunas grandes empresas. El activista andaluz aboga en redes por la regeneración, pero él acapara algunos de los principales cargos de la asociación de consumidores que fundó su propio padre, FACUA.
OCU alardea de transparencia.
Rubén Sánchez ejerce como portavoz de la asociación desde hace veinte años y, además, ocupa los cargos de secretario general y dircom. Por este último cargo se embolsa 39.278 euros anuales, que presumiblemente es el único ingreso procedente que este proyecto que blinca los 3 millones de euros de ingresos anuales.
Políticamente, Rubén Sánchez quizá se tenga que posicionar entre Yolanda Díaz y Podemos, ya que hasta ahora se ha mostrado más cercano a los segundos.
Un millón trescientos mil euros de ingresos públicos en 2022
Los socios de FACUA aportaron 2.402.460,83 euros en 2022. La mitad de esta cantidad se obtuvo en Andalucía, donde esta asociación nació y cuenta con apoyo popular. Además obtuvo 1.374.586,78 euros de dinero público "recibidos para el desarrollo de acciones de defensa de los derechos de los usuarios: formación, asesoramiento, impulso de la mejora de la legislación y acciones de lucha contra el fraude", explica la propia compañía.
FACUA cuenta con más de 250.000 socios, pero apenas 46.419 son de pleno derecho al corriente de pago de los 93 euros anuales que abonan, ya que más de 200.000 son adheridos y no desembolsan céntimo alguno. OCU, por contra, supera los 300.000 socios 'de pago'.
La compañía dirigida por Rubén Sánchez recibió 685.893,60 euros de la Dirección General de Consumo del Ministerio de Consumo y otros varios ingresos procedentes de administraciones públicas andaluzas de distinto signo político.
2.000 euros del Ayuntamiento de Almería, 25.988,10 euros de la Diputación de Cádiz, 11.348,73 del Ayuntamiento de Cádiz, 5.778,75 de la Empresa Municipal Aguas de Cádiz, 88.618,54 euros de la Diputación de Córdoba, 5.660 euros de la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba (Emproacsa), 10.650 euros de la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa), 8.821,95 euros de la Diputación de Granada, 1.494,74 euros del Ayuntamiento de Granada, 3.000 euros del Ayuntamiento de Huelva, 15.000 euros de la Diputación de Jaén, 4.000 euros del Ayuntamiento de Linares, 9.956,31 euros del Ayuntamiento de Málaga y 26.122,59 euros del Ayuntamiento de Sevilla.