El juez sustituto de la Sección Tercera del Juzgado Mercantil de Sevilla, Francisco Javier Carretero Espinosa de los Monteros, dictó este jueves un auto que decreta la definitiva liquidación de la histórica Abengoa SA, matriz del grupo fundado en 1941. 

Los nubarrones se han instalado de forma casi definitiva en la multinacional sevillana después de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) se haya negado a ejecutar un rescate de 249 millones de euros por las dificultades que tendría la compañía para devolver el dinero. 

Clave en el futuro de Abengoa será la reunión convocada para este lunes por el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, en el Ayuntamiento de la capital andaluza. A esta cita acudirá la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y representantes del propio consistorio y de la Junta de Andalucía. 

El consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades en funciones, Rogelio Velasco, ha asegurado que la Junta de Andalucía "va a hacer todo lo posible para que Abengoa sobreviva y se mantenga el empleo en todas las ubicaciones donde está presente". Pero lo cierto es que desde la Junta parece haber cierto interés en derivar toda la responsabilidad sobre la viabilidad de esta empresa únicamente al Gobierno central. 

'Caballo desbocado'

Abengoa se convirtió desde hace años en un 'caballo desbocado' que va camino de dejar de correr. Y es que el consejo de administración de la firma sevillana presentó un concurso de acreedores relacionado con el fracaso de un tercer rescate financiero a esta multinacional. 

La pésima gestión de varios de sus últimos administradores y la utilización de algunos partidos políticos de este gigante empresarial del sur español, han llevado a que miles de empleos estén en el aire tras el fracaso de su enésimo plan de reestructuración financiera. 

Quiebra

La valoración bursátil de Abengoa rondaba los 130 millones de euros en 2020. Esta cifra contrasta con los 4.000 que llegó a rondar en su momento álgido. Este desplome ha abocado a la firma al desguace que precederá a la quiebra después de haber perdido en 2019 más de 549 millones de euros. Estos números rojos provocaban que su patrimonio neto negativo fuese ya prácticamente inasumible: 4.760 millones de euros. 

Aun así, desde el Gobierno de España se intentó, a través de los avales del Instituto de Crédito Oficial, que la compañía se mantuviese con vida de forma más o menos artificial. La ministra de Industria, Reyes Maroto, pidió paciencia a los acreedores y apoyo de las instituciones públicas. 

Pero la Junta de Andalucía, controlada por el PP y Ciudadanos, se negó a inyectar 20 millones de euros por las nulas garantías de reposición. Cierto es que el montante económico trasciende a este pulso económico, ya que los 6.000 millones de euros de deudas de Abengoa han sido el detonante del proceso de liquidación. 

Reduciendo deuda, pero sin otear un horizonte plácido

Abengoa entró en preconcurso de acreedores en 2015 tras arrastrar una deuda de 20.000 millones. Esta deuda se ha reducido a menos de un tercio tras conseguir que los acreedores se convirtieran en accionistas de una empresa con cada vez menos capitalización. 

Pero la evidencia de la incapacidad de Abengoa para reconducir la situación la ha abocado a un cierre que se produce tras ocho décadas de trayectoria. Cabe recordar que este grupo empresarial nació en Sevilla en 1941 de la mano de Javier Benjumea, descendiente de una famosa familia burguesa, y José Manuel Abaurre. 

Ambos intentaron crear una empresa que fabricase contadores eléctricos, pero tras fracasar en el intento, Abengoa hizo fortuna y se expandió a mediados de los cincuenta gracias a los montajes eléctricos. 

Abengoa. 

La compañía, que en la actualidad estaba especializada en los sectores de infraestructuras, agua y energía, tiene su sede en el Campus Palmas Altas de Sevilla, donde trabajan 3.000 de los 14.0000 empleados con los que cuenta la empresa. 

Macroderrumbe

El concurso de acreedores de Abengoa no será el mayor de la historia de España, ya que el ranking está liderado Martinsa Fadesa, Reyal Urbis o el Grupo Zent. Pero aun así, Sevilla será testigo de un macroderrumbe empresarial que comenzó a hacerse visible cuando en 2020 la junta de accionistas de la empresa relevaba a Gonzalo Urquijo, presidente ejecutivo, por su gestión deficiente y por su enfrentamiento con el Santander. 

Este empresario también dimitía el pasado año como presidente de una filial de Abengoa, Abenewco1, como 'protesta' ante la decisión del Banco Santander de ejecutar su opción de compra sobre el activo que parecía la única herramienta posible para resucitar la compañía, la planta de cogeneración A3T. 

Indemnizaciones y políticos

Gonzalo Urquijo ha intentado utilizar un cortafuegos informativo para evitar críticas. El empresario desveló a ABC de Sevilla que el mes pasado renunció a una indemnización que le correspondía por valor de 4 millones de euros tras ser cesado como presidente ejecutivo de Abengoa. 

Esta información está relacionada con la indignación que causó en Andalucía que la Audiencia Nacional considerase legal que en 2018 Felipe Benjumea (hijo del fundador) se embolsase 11,4 millones de euros tras ser destituido tres años atrás. 

Cierto es que esta apariencia de despilfarro también ha tenido sus aristas políticas. Y muchas de ellas salpican al PSOE andaluz e, incluso, a su exlíder Susana Díaz, que presidía la Junta de Andalucía cuando se produjo la anterior reestructuración y que en los últimos tiempos había insinuado la posibilidad de que Abengoa se trasladase a Valencia (quizás con el ánimo de que el presidente andaluz, Juanma Moreno, 'arrimase el hombro'). 

Peor parado puede salir el exministro Josep Borrell, que entre 2009 y 2016 perteneció a su consejo de administración y se embolsó 300.000 anuales. El 'ministro de Exteriores de la UE' al menos se salvó de la imputación cuando un juez se dispuso a investigar el presunto falseamiento de las cuentas de Abengoa por parte de Felipe Benjumea y su mano derecha, Manuel Sánchez (finalmente solo se investigaron las indemnizaciones de ambos). 

Pero el PSOE no es el único partido que fue acusado desde la órbita de Podemos de utilizar el consejo de administración de Abengoa como 'puerta giratoria'. Y es que la empresa pareció querer acercarse en 2017 al Gobierno de Mariano Rajoy al fichar al exministro del PP Josep Piqué, que ocupó el hueco que dejó Borrell. 

El 'caso Borrell'

Elexministro Borrell, que se embolsó más de dos millones de euros de Abengoa entre remuneraciones y dietas, está siendo uno de los políticos sobre el que se dirigen muchas de las miradas. Ya la Comisión Nacional del Mercado de Valores le sancionó con 30.000 euros de multa por utilizar la información privilegiada que le otorgaba su puesto como consejero de la compañía para vender acciones de su exmujer, Carolina Mayeur, por valor de 9.030 euros unos días antes de que Abengoa entrase en preconcurso de acreedores en 2015. 

El socialista reconoció que el momento de la venta "no fue adecuado", pero se defendió alegando que no tenía "ninguna lógica que si alguien tiene la información que me atribuye, se limite solo a vender el 8 % de su cartera".